La voz del amo

A comienzos del siglo XX el presidente de Colombia Marco Fidel Suárez tenía como lema Respice polum: mirar al norte, arriba, a Estados Unidos, donde él suponía que estaba el gran sol que debía iluminar -y ordenar- nuestra  política interna y externa.

En los años 70, cincuenta años después, el presidente Alfonso López Michelsen dio un giro a la mirada orientadora y decidió que debía ser Respice similia: tener en cuenta a los similares, concertar con los iguales, es decir, con los subdesarrollados como nosotros, tener en cuenta a Latinoamérica, establecer relaciones horizontales, sin que lograra liberarse de la férula del país del norte. 

Con variaciones ligeras esa ha sido la marca de nuestra política exterior: la sujeción a Estados Unidos. En sus tiempos Álvaro Uribe llegó a autorizar el establecimiento de siete bases militares de ese país en territorio colombiano y a pedir que las tropas que se iban a enviar a Irak mejor las mandaran a Colombia que estaba más cerca.

Al presidente Ernesto Samper, de inclinaciones socialdemócratas, Clinton le quitó la visa a Estados Unidos por acusaciones -no probadas- de que su campaña había recibido dineros del narcotráfico, lo cual nunca hicieron contra el expresidente Uribe cuando durante su mandato la Corte Suprema condenó por para política a más de cien de sus aliados y Salvatore Mancuso, capo paramilitar, se ufanaba diciendo que el 35% del Congreso de la República era “de él”.

Cuando se encontraba adelantando su proceso de paz y Trump ordenaba la manera cómo debía combatirse el narcotráfico arrasando los cultivos campesinos con el pretexto de acabar con los de coca, el presidente Juan Manuel Santos dijo que él no necesitaba que le dieran órdenes para hacer lo que sabía que debía hacer. Así que siempre hemos estado -y así seguimos- bajo la férula de Estados Unidos.

Pero el gobierno actual cruzó un límite nunca antes violado participando directamente por intermedio del embajador en Estados Unidos e indirectamente mediante senadores del Centro Democrático en las elecciones en la Florida espantando con el cuento del castrochavismo si no ganaba Trump.

Se contradijo así la tradición diplomática de mantener relaciones con ambos partidos -Republicano y Demócrata- sin involucrarse en política interna de ese país y apoyando ostensiblemente la candidatura reeleccionista de Trump.

El triunfo de Biden ha cambiado el panorama y parece que todavía no se han dado cuenta de las consecuencias que eso trae en relación con el Proceso de paz, la lucha contra el narcotráfi co y las relaciones con los vecinos especialmente con Venezuela.

Desde cuando era vicepresidente Biden vino a Colombia enapoyo al proceso de paz y ahora, ya como presidente en ejercicio, ha dejado claro que ve como indispensable la coordinación estrecha entre la implementación de la paz, la seguridad y la reducción de la coca. 

Considera que esa política, tal como lo plantea el Acuerdo de Paz, debe asentarse en una transformación integral de los territorios como base para una estrategia de seguridad a largo plazo y sostenible. La experiencia muestra que la sola reducción de cultivos sin una presencia integral del Estado en las regiones de siembra lleva a que rápidamente se vuelva a las cifras anteriores. 

En el Congreso el senador Leahy (presidente pro témpore de la cámara alta y cabeza de la Comisión de Apropiaciones encargada de asignar los recursos a Colombia) se opuso a la certificación del país en el combateal narcotráfico aduciendo que “como hemos visto a lo largo de los años el progreso sostenible no se mide en la cantidad de hectáreas erradicadas.

La presencia del Gobierno -en los territorios más afectados por este problema- no se logra simplemente enviando fuerzas armadas. Tampoco vemos evidencia de que se están desmantelando a los grupos armados ilegales, especialmente cuando se está amenazando y asesinando a tantos líderes sociales”.

Según el periódico el Tiempo, un alto asesor legislativo les dijo: “Queremos ver progreso en la reducción de la coca, pero no vemos nada que nos dé confianza de que el gobierno Duque tiene una estrategia sostenible para lograrlo”. Tanto el presidente Duque y los expresidentes Pastrana y Uribe se ufanan del éxito del Plan Colombia desarrollado contra la guerrilla y el narcotráfico, el cual prometía -en el año 2000- reducir a la mitad en cinco años las áreas cultivadas.

21 años después ellos mismos denuncian que a la fecha los cultivos han aumentado luego de que Duque y Trump diseñaron un nuevo plan -también a cinco años- para reducir los cultivos a la mitad.

Duque insiste en la fumigación aérea con glifosato a pesar de las denuncias por el daño medioambiental que ocasiona y el perjuicio para los campesinos, atribuyendo la responsabilidad del aumento de cultivos al anterior presidente Juan Manuel Santos y su proceso de paz negándose a aceptar que precisamente porque el Estado no copó con su presencia integral, no sólo militar, los territorios que iba dejando la guerrilla desmovilizada, bandas criminales armadas (disidencias de la guerrilla, remanentes de paramilitares que nunca se desmovilizaron y bandidos organizados de todo tipo) se apoderaron de ellas y se han dedicado al narcotráfico asesinando a los desmovilizados de la guerrilla y los líderes sociales que se oponen a sus crímenes.

Habrá que ver cómo este gobierno, que se ha mostrado desde un comienzo enemigo del Acuerdo de Paz, logra conciliar esa pugnacidad con los requerimientos de la nueva política de Estados Unidos.

Por: Zheger Hay Harb