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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de administración Tributaria (SAT) investigan transferencias millonarias de recursos de empresas consideradas "fantasma" a los despachos de Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política del PAN en la Cámara de Diputados y ex secretario de Gobernación, así como a su hijo Santiago Creel Garza-Ríos.
De acuerdo a un reportaje publicado por Contralínea, seis despachos de abogados con los que tienen relación son investigados por presuntamente recibir recursos de 36 empresas presuntamente identificadas como factureras por las autoridades y que están asentadas en su mayoría en Zapopan, Jalisco, y en Bahía de Banderas, Nayarit.
Miguel Badillo, autor de la investigación, aseguró que esta se basa en información de las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR) y destacó que Creel, quien en enero pidió establecer un diálogo con el gobierno federal y hoy se reunió con el titular de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, “al mismo tiempo que se sienta a negociar con el gobierno (pero) está siendo investigado” por él.
La publicación expuso que al centro de la investigación está la empresa “Suma de Capacidades S.C.”, creada por Creel Miranda y su primo Alejandro Creel Covián y Rodrigo Ortiz Zavala.
Es una “empresa concentradora de recursos de empresas factureras”, pues éstas entregan fondos a despachos de abogados y estos despachos canalizan recursos a Suma de Capacidades.
De esta empresa, Creel Miranda ha recibido 80 millones de pesos de 2015 a 2018 y también de ahí se entregaron 4.1 millones de pesos a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, quien hoy es investigado por supuestamente recibir sobornos de Pemex para apoyar la reforma energética del sexenio pasado y se encuentra en condición de autoexiliado en Estados Unidos.
Antes de la publicación, Creel Miranda y Creel Garza-Ríos fueron consultados, pero sólo el primero respondió y aseguró que todas las asesorías y servicios prestados se contratan con personas legalmente constituidas e identificables y todas las operaciones se realizan vía el sistema financiero para acreditar la licitud del dinero, además de que están acreditados los pagos de impuestos derivados.
El panista dijo a la revista que no tiene conocimiento de investigación alguna en su contra, “nunca he tenido problemas con la ley, ni con las autoridades”. Sobre la supuesta recepción de recursos de factureras, aseguró que “si alguien ha hecho una mención de esa naturaleza por estar desinformado o por mala fe, han sido desmentidas por ser absolutamente falsas, lo que aquí ratifico”.
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AESC
