En los últimos tres años, Campeche ha emprendido acciones legales contra nueve mujeres que incurrieron en la práctica de la interrupción del embarazo, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y en el mismo sentido, la directora del Instituto de la Mujer del Estado, Vania Kelleher Hernández, adelantó que dos menores de edad han requerido atención psicológica, así como médica, al realizarse un aborto.
“Es importante la forma en la que se atiende este tema. Nosotros como IMEC hemos dado el acompañamiento a dos niñas menores de edad que interrumpieron su embarazo al ser víctimas de una violación. Estos temas ya están previstos en la ley, pero en el caso de aquellas personas que no sean víctimas de violación, hay que tener los marcos legales necesarios”, dijo.
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De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años las autoridades ministeriales han iniciado nueve carpetas de investigación contra mujeres que participaron directa o indirectamente en la interrupción, en aquel entonces, ilegal del embarazo, estas fueron divididas en una durante el 2021, cinco al cierre del 2022, y ahora hasta el mes de julio del 2023 van tres abortos denunciados.
A nivel regional, Campeche y Quintana Roo comparten la primera posición al contabilizar tres denuncias por aborto sólo del uno de enero al 31 de julio del año en curso, mientras que en segunda posición continúa Yucatán con el registro de dos casos de interrupción del embarazo notificado a las autoridades.
Kelleher Hernández señaló que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), únicamente brinda a las mujeres la libertad de decidir si desean o no continuar con un embarazo, por lo que en ningún motivo los médicos incitan a las embarazadas a interrumpir su gestación en la etapa en la que se encuentran.
Cabe recordar, que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de México a través del Amparo 267/2023 despenalizó el aborto en todo el país, derivado del juicio promovido por una asociación civil que impugnó el sistema jurídico del Código Penal Federal, que criminaliza el aborto y al personal médico que lo práctica, por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir o en su caso continuar el embarazo.
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GC