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La rectora de la Universidad de Ciudad del Carmen aceptó la quiebra y dio a conocer qué convenios podrían ayudar a pagar la deudas millonarias

Ante la precaria situación económica que enfrenta la Universidad Autónoma del Carmen para poder saldar las ocho quincenas que adeuda a los extrabajadores, pensionados y jubilados sindicalizados, y más de 14 quincenas a los extrabajadores de confianza, la rectora Sandra Martha Laffón Leal dio a conocer que tuvo acercamientos con el sector energético con el objetivo de generar ingresos propios.

Indicó que se aprovechó que, en Carmen, precisamente en el Centro de Vinculación de la Unacar, se tuvo una ponencia dentro del llamado Congreso Mexicano del Petróleo (CMP), “Prospectivas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el Estado de Campeche”, para buscar acercamiento con las empresas del sector energético.

“Nos sirvió la reunión que se dio en la universidad, porque estuvieron empresas de la industria petrolera para firmar convenios a través de los cuales la Unacar les pueda dar servicios, lo que significaría un ingreso propio; por lo que es importante gestionar, acercarnos y lograr los convenios”.

Además, la rectora dijo que tienen dos opciones, fuera del apoyo gubernamental; por ello hace unos días entregamos el autodiagnóstico a la Dirección General de Educación Superior e Intercultural (DGESUI), esperamos respuesta”.

Laffón Leal subrayó que la Universidad Autónoma del Carmen no cuenta con los recursos para pagarle a los jubilados, además de que está asfixiada por deudas, como laudos y malversación del fondo de contingencia.

Dijo que la falta de recursos propios de la institución es por la pésima administración del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones durante el tiempo que José Antonio Ruz Hernández fungió como rector. Respecto al compromiso de pago que tiene adquirido la Unacar a través de la firma del convenio o Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), hace más de 40 años, con los extrabajadores que prestaron sus servicios entre 20 y 25 años, no lo ha cumplido a cabalidad en los últimos dos años.

Además de que desde mediados del 2022 la problemática de impagos fue cada vez más frecuente y en lo que va de este 2023 alrededor de 200 jubilados y pensionados, sindicalizados y de confianza, les deben entre ocho y 14 quincenas.

Laffón Leal señaló que en lo que se refiere al Fideicomiso o Fondo de Pensiones y Jubilaciones está en ceros, “las deudas que se tienen con los jubilados y pensionados es triste y lamentable, pues les debemos más de siete quincenas (a los que ganan menos, cinco mil pesos) y a los que ganan más no les hemos podido pagar, es muy difícil”.

La rectora señaló que esta situación se veía venir y que el sindicato tenía conocimiento. “El problema es que ya se sabía que iba a suceder desde hace dos o tres años, el dinero es finito como cuando lo recibes en la casa y sabes si te va a alcanzar; entonces, no es algo que caiga de sorpresa, el sindicato ya sabía y le preocupaba también. “Quisiera que los jubilados sepan ese problema”.

“El recurso que se debe no existe, y estamos mal, por lo que igual necesitamos el apoyo del Estado y de la Federación para ayudar con recursos para cumplir con el pago a jubilados.

Además, agregó que estos problemas de pago o de acreedores tienen en jaque a la Universidad, porque en el caso de los laudos, se corre el riesgo de que sean embargadas las cuentas y con los jubilados se podría presentar un nuevo estallido y protestas.

Cabe recordar que desde mediados del año pasado los jubilados de la Unacar adheridos al Sindicato Único de Trabajadores de la Unacar (Sutunacar), como de la Unión de Jubilados de Confianza (Ujcucar), empezaron a tener problemas constantes con el pago de sus sueldos y prestaciones como extrabajadores de la casa de estudios carmelita.

Situación que con anterioridad se había presentado, pero ya fueron con mayor frecuencia a tal grado que estalló un paro que inició el 7 de noviembre y concluyó el 21 de noviembre con la defenestración de José Antonio Ruz Hernández como rector.

Pero no fue la solución esperada, ya que a la fecha por lo menos a los de confianza les deben desde octubre, es decir, alrededor de 14 a 16 quincenas, y a los sindicalizados entre siete y ocho; es decir, alrededor de 200 familias que apenas sobreviven, sobre todo, aquellos los menores de 60 años.

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LV