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Integrantes de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla, iniciarán un proceso para abrir nuevamente el expediente de la denuncia interpuesta a finales del 2021 en busca de que se sancione a empresas y repartidores

Integrantes de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla, iniciarán un proceso para abrir nuevamente el expediente de la denuncia interpuesta a finales del 2021 en busca de que se sancione a empresas y repartidores que no den cumplimiento al Reglamento de Molinos y Tortillerías del municipio de Campeche.

El presidente del citado organismo, Javier González Baqueiro así como el microempresario José Pedroza Camacho, expusieron que durante la pasada administración y en lo que va de la actual, han desaparecido 12 tortillerías y 30 han cambiado de dueño debido a la difícil situación económica y la competencia desleal a la que se enfrentan debido a la falta de aplicación del reglamento. Además de que 50 más están pensando en cerrar sus puertas, lo que significaría la pérdida de al menos un centenar de empleos ya que cada negocio tiene un promedio de dos empleados. 

Recordó que a finales del 2021 interpuso una queja ante la contraloría municipal en busca de que se aplicaran las sanciones establecidas en la ley, tanto a repartidores que no respetan el límite de un kilómetro de distancia en el que pueden llevar a cabo la venta del producto, así como a las tortillerías que contratan a estos motocilistas sin registrarlos y pagar el permiso correspondiente, sin embargo, la respuesta fue que no había elementos para sancionarlos y cerraron ese expediente.

“Ahí dice que si hay elementos nuevos de prueba, se puede abrir nuevamente ese expediente y es lo que vamos a hacer, vamos a volvernos a quejar contra el ayuntamiento, tenemos fotografías de los mototortilleros, los oficios que se han metido hasta ahorita y que la autoridad no ha hecho operativos”, expuso.

 González Baqueiro indicó que la falta de acciones por parte de la comuna para poner órden en este asunto prácticamente está “arruinando y atentando” contra el patrimonio de los industriales locales.