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Campeche

Personas que tengan antecedentes de violencia o abandono familiar no podrán ocupar un cargo público en Campeche con la Ley 3 de 3

Durante la quinta sesión ordinaria del Congreso de Campeche, los diputados presentes aprobaron por unanimidad de votos la propuesta conocida como “Ley 3 de 3 contra la violencia”, emanada desde el Congreso de la Unión.

Con esto, Campeche se convierte en el estado 21 en avalar la normativa propuesta desde el recinto de San Lázaro, para prohibir a una persona que tenga sentencia firme por actos de violencia en cualquiera de sus variantes, así como que haya huido de la aplicación de la justicia desde la orden de aprehensión, pueda contender para ocupar un cargo público.

Con el aval de los integrantes de las fuerzas parlamentarias de Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como los independientes, los diputados dieron el visto bueno para la adhesión a la reforma de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.

“Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”, precisa la reforma.

Además, prevé la situación de aquellas personas que estén en carácter de prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por lo que en el caso del exalcalde de Campeche, Eliseo “N” que desde el mes de abril del 2022 continúa sustraído de la justicia, ahora no podrá contender por un cargo de elección popular, ni aspirar a ocupar un cargo en cualquiera de los tres niveles de Gobierno, así como aquellos funcionarios o exfuncionarios que enfrenten a la justicia.

En el uso de la palabra, la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, Adriana Ortiz Lanz, con aplausos por parte de todo el recinto legislativo celebró la homologación de la reforma federal en Campeche para que ahora, todas las personas que tengan antecedentes de violencia no puedan contender en los comicios electorales, ni puedan ser nombrados como secretarios de Estado.

“Fueron muchos años de lucha de las mujeres en Campeche y en México para poder llegar a esta reforma, para que ahora ningún agresor de cualquier tipo pueda llegar al poder; hoy pasamos de la buena voluntad a la obligación legal, donde violadores, agresores sexuales, quienes incurren en violencia política de género, sobre todo deudores alimentarios, no podrán aspirar a ningún cargo de elección popular, ni en el servicio público”.

Además, la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, turnó ante el pleno el proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que para poder ser diputado el aspirante tendrá que tener 18 años cumplidos el día de la elección, así como para ser Secretario de Estado será necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.

Finalmente, por mayoría de votos por 25 a favor y ocho en contra, se exhortó a que los municipios del Estado entreguen un informe pormenorizado, que incluya como mínimo lo solicitado en el transitorio segundo del Decreto 57, mediante el cual fue modificada la Ley Orgánica de los Municipios, la Ley de Hacienda de los Municipios y del Código Fiscal Municipal, todos del Estado de Campeche.

La citada reforma versa en materia de cuidado de los terrenos baldíos, es decir, que en caso de que el propietario del inmueble no dé atención adecuada sus predios, la Comuna será la responsable de intervenir en el mantenimiento del mismo, por lo que podrán cobrar al propietario hasta 42 mil pesos por metro cuadrado intervenido por la Comuna.

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GC