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El Ayuntamiento de Carmen usó al DIF Municipal para adueñarse del proyecto 'Playita Inclusiva' en La Puntilla

De manera ilegal, el Ayuntamiento de Carmen a través del Sistema DIF Municipal ocupa el área de playa conocido como la “Playita Inclusiva” de La Puntilla, ya que no cuenta con un título de concesión, además de que está en un proceso administrativo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene abierto en contra de Miguel Benítez Heredia, presidente de la asociación Ecovigilantes de Carmen.

Este, en 2014 fue sujeto a una multa de más de siete mil pesos por la ocupación sin documentos del espacio federal y que retiró la administración de Óscar Rosas González cuando fungió como alcalde, hasta que llegó al gobierno Pablo Gutiérrez Lazarus.

Esto lo dio a conocer el propio Benítez Heredia, presidente de la Asociación Ecovigilantes de Carmen, luego de que le llegara una notificación por parte de la Profepa donde está sujeto a proceso administrativo cuando desde el 2014 le fue impuesta la multa que pagó, aunque actualmente no ocupa el espacio porque fue desplazado por la actual administración de Gutiérrez Lazarus.

En el contexto, explicó que en el 2014 Ecovigilantes pidió a la Profepa y la Secretaría de Medio Ambientes y Recursos Naturales (Semarnat), la inspección de lo que hoy se conoce como la “Playita Inclusiva”, que es manejada por el DIF Municipal Carmen desde hace cuatro años; la inspección para solicitar un título de concesión, motivo por el cual, ya que fue ocupada de manera ilegal, recibió una multa por siete mil 900 pesos y un procedimiento administrativo, y un plazo de 45 días naturales para solicitar la concesión, tras la inspección el 14 de febrero, “y se inició un procedimiento administrativo y el pago de una multa”.

Sin embargo, la Ecovigilantes no logró obtener el título de concesión, pues la Comuna no le dio la anuencia por lo que venció el plazo que la autoridad ambiental le dio de 45 días naturales, en el que acusa de tráfico de influencias, pero la asociación en su afán de proteger el medio ambiente se mantuvo en el lugar.

Luego, el DIF Municipal Carmen se adueñó del proyecto de La Puntilla durante la administración de Óscar Román Rosas González, y cuando entró la actual administración que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus, fue desplazado por completo, incluso, no le dejaron sacar sus pertenencias, “por lo que les informe que esta playa está bajo un procedimiento administrativo y hasta que concluya no se puede hacer ningún proyecto en el lugar, pero no hicieron caso: iniciaron el proyecto de manera ilegal que se mantiene hasta la fecha”.

El miércoles pasado le llegó un citatorio a la asociación, pues al parecer tiene un procedimiento abierto por daño ambiental ante la Profepa, “pero no dicen el monto que se debe pagar y recibir. Y aunque en primera instancia me negué, son ordenamientos federales; cuando revisé el documento noté que el procedimiento administrativo sigue a mi nombre”.

Ante esta situación, señala Benítez Heredia que el Ayuntamiento a través del DIF está haciendo una ocupación ilegal, así como todas las obras que está llevando a cabo que han sido denunciadas conforme porque ocupan terrenos de manera ilegal.

Por ello, Benítez Heredia, como presidente de la Asociación Ecovigilantes de Carmen, teme una sanción más fuerte por desacato o reincidencia; “pero La Playita la invade el Ayuntamiento del Carmen desde la administración de Óscar Rosas; ahora, llega Pablo Gutiérrez, me desplazan, se adjudican mis pertenencias, todo lo que trabajé por 20 años”, indicó.

Subrayó que es injusto que siga el proceso en su contra y tenga que pagar por algo que no ha hecho, “una sanción doble por desacato, lo que considero que no debe de ser procedente; por ello, hago pública la situación e iniciaré el proceso de denuncia correspondiente contra la Administración Portuaria Integral (API), el Ayuntamiento de Carmen y el DIF, por contravenir la ley ambiental”.

Por último, dijo que esta denuncia ya se había hecho hace dos años, al inicio de esta administración; pero quedó sin efecto por la Profepa debido al tráfico de influencias por parte de la Comuna.

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GC