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Campeche es una de las entidades del país donde aumentó la corrupción en el periodo 2013-2019 en un 14% y pese a que desde 2016 inició el proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, hasta el año pasado carecía de un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y de un Consejo o Comité de Participación Ciudadana.
Con motivo del Día Internacional en contra de la Corrupción, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó información sobre la existencia de los mecanismos anticorrupción a nivel estatal y municipal, su la prevalencia a nivel individual y en el sector empresarial y los costos que generan los actos de corrupción.
El informe señala que desde 2003 el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para ello, señala que el Estado Mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir el lastre de la corrupción en todos los niveles de gobierno; entre esas acciones está la creación de nuevos mecanismos de prevención y combate a la corrupción que demandan la generación de información específica para el diseño y evaluación de estrategias de intervención y políticas públicas en la materia.
Entre las acciones más notable en estos últimos años, en julio de 2016 se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), en la cual se establecen las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que determina los mecanismos de coordinación entre instituciones.
En 2018, un total de 17 gobiernos estatales contaban con un plan o programa anticorrupción y 9 estaban en proceso de integración, y la mayoría de estas entidades contaba con todos los órganos del SNA; mientras de los 6 estados que no tenían algún programa o plan, 4 de ellos contaban con todos los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Asimismo, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del SNA, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.
Mientras que Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas reportaron contar con algún instrumento de combate a la corrupción de manera ininterrumpida desde 2010, de acuerdo con los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
Hasta el año pasado, 10 entidades presentaban atrasos en la conformación de Órganos del Sistema Anticorrupción y disponibilidad de planes y programas anticorrupción, entre ellas Campeche, al carecer de un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de un Consejo o Comité de Participación Ciudadana, de una Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción con planes y programas.
A nivel municipal, según el Inegi, los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales en los últimos años. En 2010, casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, mientras que en 2018 poco más de 20% aseguró contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno.
En 2018 Hidalgo fue la única entidad en la que más de la mitad de sus municipios informó tener un plan anticorrupción; por el contrario, ninguno de los municipios de Tabasco indicó contar con un plan o programa de combate a la corrupción, mientras en Campeche solo el 18.2% de sus municipios cuentan con un programa.
Pese a los esfuerzos institucionales por integrar los mecanismos anticorrupción derivados de la ley o de implementar planes o programas en la materia, las cifras de víctimas de soborno al realizar trámites o al estar en contacto con alguna autoridad muestran una tendencia creciente desde 2013, de manera que en 2019 hubo tres víctimas más de corrupción por cada 100 habitantes que lo que había en 2013.
En el caso de Campeche, aumentó la prevalencia de corrupción del 2013 al 2019 en un 14% y solo en 7 entidades registró una disminución, al ser este uno de los indicadores más comunes para medir la corrupción es la prevalencia de soborno, cuando un servidor público, por sí mismo o por medio de otra persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
La falta de confianza se refleja también en los bajos niveles de denuncia de los delitos; en este sentido, desde 2010 en México aproximadamente 9 de cada 10 delitos no se denuncian, en el caso de los sobornos, en 2019, 81% de las víctimas no denunciaron el hecho, contra 5.1% que sí lo hicieron, tasa que desde 2013 se mantiene en torno a 5%, aunque Campeche muestra una desconfianza de 79.3% de ciudadanos.
Según el Inegi, entre las principales causas de la no denuncia se encuentran las relacionadas con la capacidad del sistema para brindar una solución, ya que 3 de cada 5 no lo hizo porque perciben que es inútil denunciar, lo consideran una pérdida de tiempo, o bien creen que la corrupción es una práctica tan común que no consideran indispensable quejarse.
Por Redacción Por Esto!
