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Yucatán

Activistas revelaron que analizan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise un permiso que se le otorgó a Kekén para operar una megagranja en Homún

Activistas locales analizan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise el reciente fallo del Juzgado Segundo de Distrito que “echó para atrás” un permiso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para que Kekén pudiera operar una megagranja en Homún.

La organización Kanan Ts’ono’Ot dijo que la sentencia a su favor, que impide que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), apoyada por Grupo Porcícola Mexicano (GPM), abra la planta que permanece cerrada desde hace varios años, es insuficiente: no especifica medidas y acciones para prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente, y tampoco frena la injerencia de la SDS en la generación del permiso, en este caso el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), que le compete a Semarnat.

Por lo pronto, tras la sentencia, POR ESTO!, acudió a las instalaciones de la granja de PAPO, aparcera de Kekén, en Homún y constató que se encuentra semiabandonadas, desde que la autoridad impidió se apertura debido a las artimañas que utilizaron para obtener el MIA.

La entrada al lugar luce seriamente deteriorada y solo hay una persona que vigila que nadie intenté avanzar en el camino de terracería rumbo al complejo, que en su momento fue anunciado como el primero en Yucatán y en México que dentro de su proceso incluía un sistema de tratamiento de aguas residuales.

La gente en Homún vive su día a día sin que la amenaza latente de PAPO la interrumpa, pero en algunos hogares se conservan aún señales del rechazo este turbio negocio: la frase “¡Fuera Kekén!”, permanece indeleble en algunas bardas de la comunidad. “Estamos contentos, porque el tiempo nos dio la razón”, afirma José Clemente May, miembro del colectivo maya.

En su momento, PAPO buscó convencer a la opinión pública a través del Congreso del Estado: en octubre de 2018, Ricardo Díaz Montes de Oca, identificado como tesorero de la firma, aseguró en una comparecencia ante diputados locales que la granja estaba ''operando con la última tecnología para el cuidado al medio ambiente”, y que la población de Yucatán podía estar tranquila de que es un ejemplo en esta materia''.

Sin embargo, las pruebas aportadas al Juzgado Segundo de Distrito expusieron, entre otras irregularidades, que se omitió analizar adecuada y suficientemente el impacto que la factoría generaría en el Anillo de Cenotes. Asimismo, la investigación echó abajo el argumento de la empresa, que aseveraba que sus aguas contaminadas podían reutilizarse a modo de abonos o fertilizantes.

Pese a ello, Kanan Ts’ono’Ot no está tranquila con el fallo: “Exigimos a la SDS, a las autoridades incluyendo la Semarnat, Conagua, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y a las autoridades municipales, que se abstengan de autorizar o ejecutar cualquier acto que respalde el desarrollo del proyecto de PAPO y su megagranja porcícola planeada para Homún”. Y se puntualizó con la petición de que se implemente “de forma inmediata” el programa de reparación del Anillo de Cenotes.

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NM