¡Victoria para Homún! Suspenden de manera definitiva megagranjas de Kekén
De acuerdo con una resolución judicial los proyecto que dañen el medioambiente como la megagranja de Kekén ubicada en Homún
El Juzgado Cuarto del XIV Circuito concedió a la organización civil Kanan Ts´ono´ot (Guardianes de los cenotes) una suspensión definitiva para evitar la imposición de megaproyectos que amenacen el medioambiente y el territorio maya de la Reserva Geohidrológica del Anillo de los Cenotes de Yucatán.
Si bien esta suspensión definitiva no resuelve de fondo el amparo para Kanan Ts´ono´ot, sí representa una medida que impide que continúe la implementación de megaproyectos de toda índole en el territorio maya de Homún, donde opera una megagranja de la empresa Kekén, debido al riesgo irreparable que podrían conllevar para el medioambiente y los derechos culturales del pueblo.
Aunque la resolución se tomó el pasado 30 de mayo, no fue sino hasta ayer que el colectivo tomó conocimiento: “Por más de siete años hemos insistido y pedido a las autoridades federales, estatales y municipales que establezcan medidas que frenen la creciente afectación ambiental y territorial de Homún” señaló José May, activista.
Ante las omisiones de las autoridades, el colectivo presentó, en marzo pasado, el amparo ante la justicia federal para demandar la protección y reconocimiento de los cenotes como sujetos de derecho con la finalidad de resguardar con el más alto estándar sus derechos a un medio ambiente sano, a su autodeterminación y a la protección de su legado cultural.
Dicho amparo fue admitido el 6 de marzo, fecha en la cual el Juzgado determinó otorgar la suspensión provisional, en tanto las autoridades señaladas como responsables emitieran su respuesta frente a la demanda presentada. Luego de conocer las alegaciones de las autoridades responsables, la jueza determinó que sí existían argumentos para mantener la suspensión debido el riesgo de afectación ambiental que corren los cenotes.
La suspensión definitiva se concedió bajo los argumentos de que la demora de las autoridades en responder a las peticiones del pueblo maya coloca en peligro el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, así como el principio de precaución del derecho ambiental. Además, las omisiones violan los derechos establecidos en la Constitución, ya que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano.
Sumado a ello, el uso intensivo y a gran escala de megaproyectos, como la industria porcícola, los monocultivos relacionados con los transgénicos, la expansión turística e inmobiliaria y otros proyectos extractivos, han contaminado el acuífero de la península de Yucatán, especialmente los cenotes, causando daños irreversibles al medio ambiente y afectando los derechos fundamentales de los pueblos mayas y el equilibrio de los territorios en los que viven.
Además de la omisión de las autoridades de proteger el entorno ecológico único que representa la reserva del anillo de los cenotes, destaca también su negativa de reconocer a los cenotes como sujetos de derechos y a las y los integrantes de los pueblos mayas como sus guardianes.
El juicio iniciado por Kanan Ts´ono´ot puede sentar un precedente para que nivel judicial se siga avanzando en la construcción de criterios que protejan a la naturaleza bajo un estándar distinto; y, por otra, refuerce el ejercicio de la libre determinación de los pueblos originarios al darles la posibilidad de cuidado y administración de los cenotes por su importancia no sólo ambiental, sino también cultural, consideró la organización civil.
Para el grupo activista, el objetivo último de reconocer a los cenotes como sujeto de derechos es mejorar las condiciones naturales y sociales frente a la explotación, contaminación y otros riesgos a los que se ha expuesto a las personas habitantes de esta zona y los cenotes mismos, y que los pueblos mayas puedan ejercer la guardianía ancestral sobre los cenotes y encabezar los esfuerzos para su protección y restauración.
Aseguró que la posible resolución a favor del reconocimiento de derechos de los cenotes colocaría a México a la vanguardia de la protección ambiental y contribuiría a establecer medidas más efectivas para garantizar su derecho a un medio ambiente sano, a la conservación de su patrimonio cultural, así como al respeto de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
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LV
