En Yucatán, se abren al menos 300 expedientes contra funcionarios al año: Codhey

Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), compartió que al año se abren mil expedientes contra servidores públicos estatales y municipales que violentan los derechos de las personas, de estos únicamente 300 se convierten en quejas.

Comentó que cada año reciben quejas en las que los involucrados son servidores públicos, abriendo 100 expedientes, muchos se filtran y se conforman quejas.

“En promedio se convierten en quejas 300 expedientes al año”, resaltó.

Cabe recordar que en su informe 2022 se dio a conocer que el año pasado el organismo autónomo registró, derivado de las quejas recibidas, un total de 902 hechos violatorios de derechos humanos, clasificados en 65 causas, las más recurrentes fueron, en primera instancia, la prestación indebida del servicio público, seguido de detención arbitraria, lesiones, violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad y amenazas.

En ese sentido, 68 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos; las corporaciones policiacas estatales y municipales, autoridades educativas y sanitarias fueron las más señaladas.

Como uno de esos casos está el de los funcionarios involucrados con la detención de cuatro personas en la marcha por Sitilpech, en marzo pasado.

Recordó que la semana pasada los afectados en el asunto estuvieron en la Codhey para ampliar las quejas que presentaron, ya les llegó la información que pidieron a las autoridades.

“Estamos en la etapa de integración, vamos a recibir testimonios, requiriendo las fotografías y videos que pudieran existir, tanto a la parte afectada como a las autoridades que se señalaron responsables, vamos a fijar fechas para realizar entrevistas a los servidores públicos que pudieron estar involucrados en los hechos”, comentó.

De igual manera, debido a la importancia y a la gravedad del asunto se tratará de hacer las diligencias lo antes posible, para tener una resolución al respecto.

Comentó que están enterados que en el asunto están involucrados a servidores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), a los se les requerirá la información que tengan para incorporarla a las investigaciones.

“La estadística marca que las corporaciones policiacas son las instancias más señaladas que violan los derechos humanos, pero no es exclusivo del Estado, sino, en todo el país”, finalizó.

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CC