Pobladores de Sitilpech 'libran' cárcel preventiva; continúan en proceso judicial en Kanasín

La defensa de los pobladores de Sitilpech consiguió que no se les encarcelara como medida preventiva; sin embargo, continuará el juicio en Kanasín
lunes, 20 de marzo de 2023 · 09:36

Tras ser acusados del delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla, durante la segunda audiencia celebrada en la Agencia Ministerial de Kanasín, la defensa de los activistas de Sitilpech evitó que fueran sometidos a prisión preventiva como solicitó la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el juez recalcó que el hecho de no haber “pisado la cárcel” no significa que libraron la vinculación a proceso judicial.

Aunque ocho activistas defensores del agua y del medio ambiente en Sitilpech por la contaminación que está ocasionando la megagranja porcícola Kekén fueron vinculados a proceso por el delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla; el juez de control dictaminó en la segunda audiencia que los pobladores de la comunidad imputados no sean sometidos a prisión preventiva, por lo que no fueron encarcelados.

Sin embargo, de acuerdo con la asociación Kanán, durante la audiencia la Fiscalía General de Estado solicitó como medida cautelar que los activistas sean encarcelados durante el tiempo que dure el proceso penal en su contra, mientras que la defensa de los pobladores demostró que esta medida era excesiva, por lo que fue denegada por el juez de control que encabezó la diligencia. Continuarán el proceso en libertad.

Por su parte, el abogado de la parte acusada, Erick Pérez Loyo, exhortó a los activistas a que intenten solucionar sus diferencias a través del diálogo, de forma pacífica y respetando el marco legal para evitar prolongados procesos legales que afecten no sólo a la parte acusatoria sino a ellos mismos.

Esto con el precedente que el uno de febrero pasado los representantes de los activistas rechazaron una mesa de diálogo a la que se les convocó en el municipio de Izamal, en la que participaron autoridades, tanto federales como estatales y municipales, así como líderes de cámaras empresariales y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

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CC