Caso Paraíso Sisal llega al Congreso de Yucatán: Así fue la exigencia del diputado Rafael Echazarreta

El Congreso del Estado decidió tomar al toro por los cuernos ante “la falta de un orden jurídico que regule el desarrollo de la costa yucateca”, al proponer el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres una iniciativa para elaborar un plan maestro, luego de cuestionar a los legisladores su indiferencia, mientas sostenía un ejemplar del periódico POR ESTO!, que ha publicado una serie de investigaciones, basadas en documentos oficiales, sobre lo que sucede en el denominado Paraíso Sisal.

“¿Qué está pasando en el Estado?, ¿qué está pasando en las zonas costeras?, ¿qué está pasando con las tierras de Yucatán?, pero sobre todo ¿quién dirige y a quién se somete la ley?”, señaló el diputado blandiendo con la mano derecha en alto un ejemplar del periódico con el título en contraportada: “Acaparadores”, que hace referencia al desarrollo inmobiliario propiedad de los hermanos Víctor Manuel y Daniel Campos Agüero, que fue dejado “fuera” de la reserva El Palmar por un decreto estatal para convertirse en un negocio millonario, a pesar de los graves daños ecológicos.

El legislador afirmó que es necesario y urgente tener una visión congruente de cómo se desarrollan las zonas costeras y en qué sentido: “No estamos en contra de la inversión, estamos en contra del despojo, de la rapacidad, de la contaminación y del detrimento de la naturaleza y de que no exista un orden jurídico que regule cómo y de qué forma vamos a desarrollar la costa de nuestro Estado”, dijo.

El representante popular recalcó que en Yucatán hay nueve áreas naturales protegidas, “muchas de ellas soslayadas, donde no hay claridad limítrofe”.

Polémico decreto

Tal es el caso de Paraíso Sisal que ha documentado POR ESTO! Su desarrollo se lleva a cabo en la costa del Pueblo Mágico, gracias al Decreto 293 emitido en 2010 por la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que lo dejó “fuera” de la Reserva Estatal El Palmar, argumento que utilizó el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Hernán José Cárdenas López, para aprobar el Manifiesto de Impacto ambiental contemplado en el proyecto 31YU2017QUD085 y permitirles la lotificación de más de 400 lotes y su desarrollo inmobiliario.

  Esto a pesar de que en 2006, la misma Semarnat había rechazado el proyecto ya que los terrenos de Paraíso Sisal estaban contemplados en el interior de la reserva estatal y su desarrollo generaría graves daños al ecosistema, pero principalmente a la flora y fauna autóctona y en peligro de extinción, debido a que se ubica en la zona de amortiguamiento entre el área protegida y el mar, lo que la vuelve muy vulnerable y es zona de anidación de las tortugas carey, blanca y caguama.

 Echazarreta Torres apuntó que “debemos de tener un plan maestro de desarrollo urbano de la costa yucateca, salvaguardar la ecología y sobre todo las cuencas acuíferas”.

 En El Palmar el asunto es grave, ya que el desarrollo incluye la construcción de casas, cabañas y tres torres de departamentos en una franja de siete kilómetros de costa y más de dos mil hectáreas de terreno. Una franja de costa que fue “arrancada” de la reserva mejor conservada del Estado, la cual es puente entre las de la biosfera de los Petenes en Campeche y Celestún en Yucatán, con Ría Lagartos, así como las de índole estatal, tales como las ciénegas de la costa Norte del Estado.

Rapacidad rampante

Echazarreta cuestionó en tribuna la “rapacidad rampante de las costas del Estado”, pero sobre todo que no exista una regulación, teniendo en cuenta que Yucatán es un Estado con 378 kilómetros de franja costera, donde sus tierras altamente remunerables son “contaminadas sin un plan de desarrollo urbano y sin que exista la legislación estatal que permita armonizar junto a la legislación federal a estos sitios”

El legislador presentó un proyecto de decreto para adicionar el inciso J a la fracción undécima del artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, para arrogar a la comisión permanente del desarrollo urbano, vivienda e infraestructura de las facultades para la vigilancia, análisis y regulación del desarrollo urbano sustentable de la costa yucateca.

Esto tendrá por objeto abonar al desarrollo armónico ecológico a través de una ley garante “para que no haya ninguna duda de los desarrollos inmobiliarios turísticos que se están llevando a cabo en las costas yucatecas”.

Afirmó que la ley debe contemplar proyectos a 20 y 30 años. “Hoy estamos hablando de un paradigma del futuro y de algo que debe de competer a esta soberanía, pues la única visión que podemos tener para el Estado es el trabajo en conjunto, enfocado y abocado a la sostenibilidad y la sustentabilidad y no al desarrollo económico a priori por la ecología”, subrayó.

Como parte de su intervención, el legislador morenista indicó que hay que darles los mecanismos a los ciudadanos para que la posesión de las tierras en el Estado tenga claridad.

Sin regulación

Por separado, el diputado priista Gaspar Quintal Parra señaló que hace falta una regulación en cuanto al desarrollo inmobiliario en todo el Estado.

Comentó que como bancada legislativa han propuesto el Derecho a la ciudad y “esto es una perfecta aplicación, pues más que una comisión, lo que se requiere es una reglamentación al derecho a la ciudad para evitar casos como el de Paraíso Sisal”.

El diputado Quintal Parra dijo que reconocer el derecho a la ciudad para todos los yucatecos permitirá, entre otros aspectos, garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y, asegurará la justicia territorial, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la prestación de servicios públicos, considerando la participación de la ciudadanía.

Recordó que esta propuesta fue elaborada en trabajo conjunto con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., e impulsará a que el Estado garantice el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de las localidades y asentamientos humanos, fundado en los principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad, respeto a la diversidad en todas sus formas de expresión, a la naturaleza y al medio ambiente.

“Implica la actualización de la legislación correspondiente a los asentamientos humanos, a la planeación, el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano, escuchando e integrando, en esta labor, a los 106 ayuntamientos y a la ciudadanía, quienes deberán participar dentro del proceso legislativo, teniendo como base un diagnóstico jurídico-social que entienda los problemas y condiciones de vida, contrastando el marco reglamentario vigente”, aseguró.

Síguenos en Google News y recibe la mejor información

CC