Líder del PRI en Yucatán evade preguntas sobre la expulsión de militantes

La expulsión de dos expresidentes del Comité Directivo Estatal del PRI y un Alcalde en funciones viola los propios estatutos de dicho partido al habérseles negado el derecho de defensa y audiencia, lo que muestra una decisión sin sustento, pues los planteamientos difundidos en redes sociales son muy vagos en comparación con el reglamento del propio instituto político, según señala el documento, analizado por el periódico POR ESTO!

El presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, evadió ayer contestar preguntas formuladas sobre la polémica expulsión de ese instituto político de Francisco Torres Rivas, Luis Hevia Jiménez y Roger Aguilar Arroyo. Se limitó a decir: “Que contraten abogados y les lleven el proceso... Son malos para defenderse”.

La evasiva del presidente estatal genera más suspicacias sobre la motivación real tras este cuestionado caso, al no aclarar la transparencia del proceso ni justificar la legalidad del procedimiento, además de no precisar si habrá más expulsiones selectivas de incómodos personajes con responsabilidades en el pasado dentro del PRI.

Estos ahora expriistas, son respectivamente a un expresidente del partido, un expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso y el actual alcalde de Motul.

Según los motivos difundidos por el PRI, el apoyo al precandidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Huacho Díaz Mena, constituye un acto de “traición” que enciende sospechas sobre la verdadera intención tras la expulsión, en apariencia más como “castigo” y “venganza” que una sanción reglamentaria.

Seis preguntas incómodas

El dirigente del PRI evitó contestar seis preguntas al respecto, posponiéndolas para otro día: ¿Cuál fue el procedimiento para determinar la expulsión al interior del partido?, ¿Se les permitió a los acusados argumentar en su defensa ante las instancias internas?, ¿Tienen derecho los expulsados a apelar esta decisión dentro del PRI?, ¿Podrían impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral?, ¿Aplicarán la misma sanción a otros priistas que hayan apoyado a Morena?, ¿Existen más casos bajo investigación interna?

Mediante dichos cuestionamientos se pretende esclarecer las razones, el procedimiento formal y el respeto al derecho de audiencia de los ahora expulsados. Asimismo, se busca conocer si su apoyo al precandidato de Morena fue la causa determinante y si se siguieron los protocolos internos al aplicar esta drástica sanción. 

Del mismo modo, se pretende verificar si se les notificó apropiadamente a los afectados y si tuvieron oportunidad de presentar pruebas y descargos en su defensa antes de ser expulsados, a fin de confirmar que no fue una decisión precipitada, discrecional y violatoria de sus derechos elementales como militantes.

Las últimas preguntas también apuntan a esclarecer el alcance de este caso como precedente hacia otros militantes críticos, buscando determinar si se sentará jurisprudencia y si otros disidentes serán sancionados, ahora que se abrió la caja de Pandora con esta controversial expulsión.

Fue el presidente del CDE, Gaspar Quintal Parra, quien presentó la denuncia a través del Consejo Político (no facultado para realizar ese procedimiento), e incluso no se les dio la garantía de audiencia, pues incluso ignoraban las acusaciones en su contra.

En los tres casos, no fueron notificados para presentar sus alegatos de defensa.

El CDE del PRI difundió el sábado un comunicado, compartido también en sus redes sociales, donde anunciaba la expulsión del instituto político de los expresidentes Francisco Torres Rivas, Luis Antonio Hevia Jiménez y del alcalde de Motul Roger Aguilar Arroyo, los dos primeros formados en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora y actualmente parte de la directiva nacional de Movimiento Ciudadano.

En el boletín se estipula que la medida fue aplicada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria “después de recibir diversas denuncias” decidieron que los ya señalados cometieron “conductas contrarias a la normatividad interna en perjuicio de este Instituto político, sus militantes, cuadros y simpatizantes”, además habrían incurrido en “en actos de deshonestidad, deslealtad…, y atentar de manera grave contra la unidad ideológica” del partido.

Esas denuncias fueron presentadas por el presidente del CDE en Yucatán, Gaspar Quintal Parra.

 Sin embargo, según los estatutos vigentes del PRI, referente al procedimiento de expulsión de los miembros del partido, se señala que la imposición de las sanciones deberá ser “fundada y motivada”, según el artículo 253, y se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes de la infractora o del infractor y la proporcionalidad de la sanción.

Las sanciones dependen de una serie de causales y, concretamente, para la expulsión debe ser a quien “promueva y apoye actos de proselitismo de candidatos o candidatas de otros partidos o independientes” y debe haber una denuncia concreta, acompañada de las pruebas correspondientes.

En este caso se les acusa de deshonestidad y atentar contra la unidad ideológica, pero sin especificar. Además, según los datos recabados, no tuvieron acceso al derecho de audiencia y defensa, garantizado por los mismos estatutos partidistas.

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NM