Presos mayahablantes de Yucatán denuncian trato desigual en juicios por su lengua

Mil 145 personas que están privadas de su libertad en cárceles de Yucatán se dicen parte de algún grupo étnico, y buena parte de ellas señala que recibió un trato desigual y discriminatorio por parte de los impartidores de justicia, atribuible, también según su percepción, a la inexistencia de defensores que hablen su lengua o dialecto.

La ayuda

Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) firmaron un convenio para que los indígenas presos reciban asesoría y defensa legal en maya.

Tomas López Sarabia, presidente del Consejo directivo de Cepiadet recordó que el país, desde hace tres décadas, ha reconocido el derecho a la población indígena; sin embargo, se ha topado con que, aunque se tenga un marco jurídico amplio, desafortunadamente los derechos de la población indígena no se respetan en los sistemas estatales de justicia.

Afirmó que de la mayoría de los más de siete mil indígenas internos en cárceles del país no cuentan con las garantías adecuadas, entre ellas el intérprete, el defensor o que se observen sus especificidades culturales.

Recordó que el artículo 2º de la Constitución reconoce que no únicamente es tener derecho a un intérprete y un defensor, sino que abren la posibilidad a que ciertas conductas no sean necesariamente delitos en las comunidades en las que se desempeñan; por ejemplo, el consumo de algunos alimentos propios de las comunidades y que, para las leyes mexicanas, son un delito.

La población

“Hay un déficit muy alto que se tiene con la población indígena y aunque en el Estado se ha avanzado sustancialmente con el tema de los intérpretes, su certificación y su reconocimiento aún no se les garantiza una estabilidad laboral y una formación continua”, reiteró.

Reconoció que la firma de este convenio de colaboración es un elemento clave para fortalecer los procesos formativos desde las instituciones y que debe tener un elemento clave para revertir el tema del racismo es formar en estas nuevas perspectivas de los derechos humanos particularmente con la población indígena.

Por su parte, Miguel Óscar Sabido Santana, titular de Codhey, señaló que la firma es sólo la formalización de la colaboración, pues desde meses atrás se ha tenido un acercamiento y trabajo conjunto en estos temas.

Afirmó que el objeto de la Comisión va principalmente en la defensa y protección, pero también en la promoción, difusión y la investigación en la materia de derechos humanos para publicitar, promover y dar a conocer a la sociedad la labor que se hace para una mejor defensa de los mismos en nuestra sociedad.

Aseguró que a alianza que se formaliza permitirá atender de mejor manera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

La firma del convenio se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con el director Carlos Macedonio Hernández, como testigo; también se entregó un compendio del diagnóstico que se realizó en las tres entidades que tiene la mayor población indígena del país, Yucatán, Oaxaca y Campeche.

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CC