Ley de Violencia Vicaria de Yucatán pasa primer filtro ante el Congreso; será votada en el Pleno
Será en la próxima sesión del Congreso cuando se someta a consideración la Ley de Violencia Vicaria
Por consenso, la Ley de Violencia Vicaria pasó el filtro de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia y Seguridad, y se espera que en la próxima sesión extraordinaria se someta al Pleno del Congreso para su aprobación.
De ser aprobada por el pleno, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, y la entidad se sumaría a otras que ya tiene Ley Vicaria, como: Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México.
La violencia vicaria puede ejercita sólo contra la mujer utilizando a las hijas e hijos, familiares, personas mayores de sesenta años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima para causarle algún tipo de daño o afectación psicoecomocional, física, económica, patrimonial o de cualquier tipo tanto a la víctima como a quienes fungieran como medio.
La violencia vicaria también favorece a las parejas entre mujeres que viven en matrimonio o en unión, pero no aplica para las parejas de varones, sino que quedan sujetos al código familiar.
La novedad que levantó interés fue el uso de agresión a través de la mascota para causar daño a la mujer. Sin embargo, el diputado Gaspar Quintal Parra explicó que cometer un acto de violencia sistemática contra una mascota con la intención de causar una afectación a la mujer sí es violencia vicaria.
Pero dañar a la mascota por el simple hecho sería valorada por el juez en el marco de la ley que protección a los animales o, si es sistemática para dañar a la mujer entonces caería dentro del criterio de vicaria. Es un asunto que deben valorar los jueces.
De hecho, los diputados no incluyeron modificaciones al Código Familiar, sino que la postergaron para un próximo análisis más profundo.
La violencia vicaria es penado con cárcel de 4 a 8 años y en caso de que una autoridad haya entorpecido el proceso de investigación del caso se le aplicaría de 3 a 8 años de presión, multa de 500 a 1,500 días salario, destitución e inhabilitación de 6 a 10 años de algún cargo público.
Activistas como Nancy Walker Olvera, Ligia Vera Gamboa, Rocío Quintal y Milagros Herrero Buchanan, estuvieron presentes durante la sesión de comisiones efectuada en la sala Jiménez Trava.
