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Ejidatarios de Cinco Colonias hicieron pública su queja por el presunto robo de 18 hectáreas con un valor de más de 86 millones de pesos

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) le estaría “robando” al ejido de Cinco Colonias 18 hectáreas de propiedad, que tienen un costo de 86 millones 308 mil 694 pesos, denunciaron ejidatarios encabezados por su comisario, Juan de Dios Mena Crespo.

Hoy acudirán a las oficinas del IVEY para protestar por la arbitrariedad que los tiene indignados porque hace mes y medio los representantes de Asuntos Jurídicos, Roberto Tulus Peniche y Carmen Crespo Canales, se reunieron con el ejido para decirles que no pueden llegar a una arreglo económico y lo mejor es que demanden por la vía legal.

De acuerdo con las pruebas que presentó Mena Crespo, la evidencia contundente que tienen es que el 11 de junio del 2019 el Juzgado Segundo de lo Civil confirmó que son de su propiedad las 18 hectáreas y que el IVEY, ante la evidencia jurídica de que los ejidatarios tienen la propiedad de las 18 hectáreas por fallo del 11 de junio del 2019, se lo apropió de manera ilegal.

En 1988, el Gobierno ejecutó una expropiación de mil 192 hectáreas de tierras ejidales, pero no consideraban las 18 hectáreas porque son “propiedad” y no ejido.

La empresa TAMSA hizo una permuta de tierras con el ejido en la que le dio cuatro hectáreas para uso del aeropuerto de Mérida y a cambio de esto, entregó 18 hectáreas bajo el rubro de “propiedad”.

Sin embargo, el IVEY y el Ayuntamiento de Mérida se pusieron de acuerdo para construir el fraccionamiento “Alborada”, con 150 casas en una superficie de cuatro hectáreas sobre las 18 que tienen en propiedad. Otra parte fue invadida por un grupo de paracaidistas que encabeza Alberto Sonda Castillo, núcleo al que denominan Forjadores.

Mena Crespo precisó que en el Geoportal de Mérida, el polígono de 18 hectáreas pertenece al IVEY y a su vez, éste ha vendido a particulares sin el consentimiento del ejido.

Por mucho tiempo, el ejido no tenía la documentación para comprobar la permuta que hizo la empresa TAMSA, pero a partir de que la obtuvo inició el juicio de “apego de deslinde” ante el Juzgado Segundo de lo Civil, que les dio la razón.

En ese sentido, el Ayuntamiento aportó recursos y programas para construir las viviendas en Alborada y el IVEY usó cuatro hectáreas de tierras que tampoco le correspondían.

El camino que le queda el ejido es promover una nueva demanda civil para que le reconozcan las 18 hectáreas y obligue al IVEY y al Ayuntamiento a pagarles los 86 millones 308 mil 694 pesos que vale el polígono.

Hay un claro delito, añadió el líder ejidal, y están involucrados el Gobierno del Estado, a través del IVEY, y también el Ayuntamiento de Mérida.

Se revisó que parte del polígono fue vendido a particulares, lo que complica más aún aclarar lo que sucede en esta parte del Sur de Mérida.

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JG