Gobierno de Yucatán presenta iniciativa ante el Congreso para combatir a la mafia inmobiliaria

El gobernador Mauricio Vila envío al Congreso del Estado una Ley para acabar con las prácticas de fraude por parte de loteros —los que venden terrenos en medio de la nada—, que es uno de los más graves problemas que se resolverá con la reforma, ya que estos grupos se aprovechaban de los vacíos legales para concretar compras, por precios distintos o contratos fantasmas, abusando de la buena fe de las personas que buscaban vender su patrimonio.

De acuerdo con un comunicado, se trata de reforma a la Ley del Notariado del Estado y diversas leyes estatales en materia de fe pública, que permitirá actualizar el marco jurídico de dicha normativa, a fin de garantizar a los ciudadanos una mayor certeza jurídica.

Esta es la segunda iniciativa de ley que deriva de la sistemática denuncia de POR ESTO! respecto a las malas e irregulares práctica de empresas que, sin escrúpulos, con publicidad engañosa, venden extensiones de tierra sin los requerimientos básicos para ser habitables.

El diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía difundió varios casos de empresas inmobiliarias que en la zona metropolitana de Mérida, principalmente los que se ubican por la costa, venden lotes de inversión o terrenos sin servicio a varios kilómetros de distancia de las cabeceras municipales, sin la posibilidad que pronto llegue agua potable, energía eléctrica, recolección de basura, seguridad, principalmente, utilizando estrategias de marketing, y aplicando contratos de compra-venta engañosa, tal como sucedió con las hermanas Martha y Lourdes Massa, quienes compraron en Sierra Papacal y luego de pagar no recibieron la propiedad ni la devolución de su inversión.

De hecho, a raíz de la investigación y seguimiento de este periódico, los diputados locales trabajaron sobre la Ley del Derecho a la Ciudad, que obliga a los municipios a elaborar sus planes de desarrollo municipal con miras ordenar su crecimiento y, por ende, evitar que empresas vendan “pedazos de tierra” lejanos a los centros urbanos, lo que impacta los presupuestos al tener que considerar obras para llevar servicios públicos hasta esas zonas.

La entrega

La iniciativa, que fue entregada por el consejero Jurídico, Yussif Heredia Fritz, al secretario general del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, busca lograr una supervisión más efectiva en las Notarías Públicas, quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de despojo u otras anomalías, lo que resultará en un sistema con mayor seguridad, para que se puedan revisar los trámites.

Las prácticas de fraude, por parte de loteros en todo el territorio, son uno de los más graves problemas que se resolverá con la reforma, ya que estos grupos se aprovechaban de los vacíos legales para concretar compras, por precios distintos o contratos fantasmas, abusando de la buena fe de las personas que buscaban vender su patrimonio.

La reforma a la mencionada ley propone fortalecer a la Consejería Jurídica en cuanto a las facultades de vigilancia, inspección y sanción a Notarios y aspirantes.

Entre las novedades que trae consigo la propuesta, también destacan pruebas psicométricas, aplicadas por los Servicios de Salud del Estado, entre los requisitos para solicitar examen de aspirante y el de Notario Público, el establecimiento de las figuras de asociación entre Notarios Públicos y Permuta de Notarías Públicas.

También se prevé la creación de nuevos sistemas informáticos, donde se registren instrumentos notariales y protocolos electrónicos, así como la digitalización de los instrumentos notariales, para que los trámites puedan ser revisados y así evitar malas prácticas.

Otras de las novedades contempladas en dicha reforma, es que se promueve la reparación del daño vía la conciliación, protegiendo a los yucatecos que realicen algún trámite notarial y evitando las malas prácticas.

 Estas modificaciones se suman a la reciente reforma de la Ley Notarial, con la que se modernizó este sistema en Yucatán, que se regía por una ley que no se actualizaba desde 1994, con mecanismos antiguos que eran un freno al desarrollo y eran insuficientes para atender a la población.

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MG