Ejidatarios de 8 comunidades mayas de Yucatán denuncian despojo de sus terrenos

Un grupo de ejidatarios pertenecientes al Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para solicitar respuesta a la mesa de diálogo propuesta con los gobiernos federal y estatal para encontrar solución a diversas demandas, como la restitución de tierras robadas por empresarios e inmobiliarios y un alto a la autorización de las megagranjas de Kekén, entre otras.

Como informó POR ESTO!, el pasado 21 de septiembre, luego de una marcha, los campesinos entregaron un pliego y firmaron una carta compromiso para la realización de la mesa de negociación en un plazo no mayor a 30 días, y al no obtener respuesta acudieron ayer de nueva cuenta a la sede del Ejecutivo.

El coordinador estatal del frente, Pedro Quijano, apuntó que acudieron representantes de ocho comunidades: Cacalchén, Mocochá, Ticul, Motul, Chocholá, Maxcanú, Kanasín y Yaxkukul, quienes volvieron a entregar un pliego petitorio sobre las demandas y los puntos a tratarse en la reunión tripartita, el cual fue recibido por la funcionaria Guadalupe Castillo, de la Oficialía de Partes.

Entre sus demandas está que les devuelvan las compras indiscriminadas de más de 350 mil hectáreas de tierras ejidales por medio de asambleas ficticias o de personas que de un día a otro se convirtieron en ejidatarios avecindados con derechos para “robar su territorio”.

Así como fincar responsabilidades y castigar a los responsables de estos saqueos de tierras ejidales sin importar que sean jueces, ex gobernadores o hayan ocupado algún otro cargo de elección popular.

Así como cancelar la instalación de más megagranjas porcícolas de Kekén que solo están contaminando las aguas, el medio ambiente y las tierras de los pueblos mayas.

Como otro punto, solicitaron que se brindara capacitación y asesoría a los ejidatarios tanto formativas de sus derechos y obligaciones, así como las herramientas para administrar los núcleos agrarios, democratizarlas y hacerlos productivos.

Además de que las autoridades agrarias detengan y frenen la represión de que son objeto los defensores de las tierras de uso común; principalmente contra campesinos que se oponen a la privatización y desaparición de los ejidos y comunidades, entre ellos Luis Chuc de Motul quien fue detenido injustamente, por lo que piden que se retire el brazalete y el expediente penal en su contra.

También solicitan que los proyectos estatales se realicen en total apego al mandato presidencial de primero los pobres.

Pedro Quijano señaló que esperaran 15 días para recibir respuesta y en caso de no obtenerla realizarán una plenaria para determinar que otras medidas tomar.

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CC