Guardianes de los cenotes denuncian lenta justicia para Homún por contaminación de Kekén

Mientras el juzgado II de Distrito realiza las últimas pruebas periciales en el caso del amparo contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) por la contaminación del agua y el medio ambiente, la agrupación Ka´anan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) de Homún señaló que irán hasta las últimas consecuencias para impedir que la granja reabra sus operaciones.

José May, representante de la agrupación, denunció que las pruebas periciales están siendo muy lentas, “es poco el avance que se está viendo en estos momentos en cuanto a este juicio, que aunque sabemos que la resolución no es definitiva, será un precedente en el país por el cuidado del medio ambiente por parte de los pueblos indígenas”.

Destacó que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para impedir que la granja contamine el agua y el medio ambiente, en especial los cenotes que son la principal fuente de ingreso de la población, así como afecte la salud de la niñez del municipio. Mientras tanto la planta permanece cerrada.

A esta lucha, que es pionera en el Estado, se han sumado diversas agrupaciones, como la Esperanza de Stilpech -que también enfrenta un caso similar-, Greenpeace, Indignación y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de lo que ha informado puntualmente POR ESTO!.

José May señaló que han acudido a Mérida para conocer los avances de las pruebas periciales; sin embargo, solo les informan que se continúan realizando. “Aunque se ha solicitado cita con el Juez y se nos ha otorgado, cuando acudimos el secretario del juez se reporta de incapacidad y solo se nos han permitido revisar el expediente”.

Afirmó que es poco el avance que se tiene en los peritajes, recordando que ya son casi cinco años que están con este problema, “incluso algunos de los niños que metieron el amparo ya han cumplido la mayoría de edad, lo que demuestra lo lento que es el proceso de justicia en el país”.

“Ahora lo que nos dicen es que hacen falta otros peritajes, que vengan especialistas de la Ciudad de México, y esto ocasiona que se siga posponiendo la fecha para que den la resolución”.

Por su parte, la abogada de los Guardianes de los Cenotes, Lourdes Medina Carrillo, del Grupo Indignación, señaló que son las últimas pruebas periciales que se van a integrar en estos meses que quedan del año, con lo que el juez ya estaría en aptitud de emitir un fallo, sobre si quita o no la suspensión definitiva de operaciones impuesta a la mega granja.

Recordó que los integrantes de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes), y representantes de la infancia homunense se han expresado desde el 2018, cuando se realizó una consulta al pueblo que determinó rechazar a la fábrica de cerdos en su territorio por lo que desde ese momento han exigido a las autoridades velar por su derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.

La abogada Lourdes Medina indicó que la decisión del Juez II de Distrito es una primera instancia, por lo que ésta puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado e incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los habitantes de Homún han reiterado en muchas ocasiones su preocupación ante el hecho de que el Juez II de Distrito, Leal Mota, ya se había pronunciado a favor de la empresa PAPO en el 2018, cuando se negó a otorgar una suspensión contra la mega granja, dándole prioridad al discurso del empleo y el mal llamado desarrollo, por encima de la salud humana y ambiental, y de la libre autodeterminación del pueblo maya.

La abogada señaló que los argumentos, pruebas y datos aportados por los miembros de Kanan Ts’ono’ot y representantes de la infancia de Homún hacen evidente que la comunidad tiene la razón, pues se trata de un proyecto en el cual las autoridades autorizaron los permisos sin consultarla ni informar adecuadamente al poblado, además de que se realizó en una zona protegida y altamente vulnerable para la contaminación, además de se ha comprobado que la granja es altamente contaminante, por lo cual es inviable establecerla en el municipio.

“Esperamos que esta resolución apegada al derecho y a las pruebas de los derechos humanos pueda declarar totalmente inviable la operación de la granja”, concluyó.

Cabe señalar que la empresa PAPO basa su argumento para abrir la granja en que la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra lista, pero no es suficiente para retirar la suspensión, ya que las razones van más allá de la idoneidad de la planta, argumento que ha sido utilizado tramposamente por la mega fábrica en distintas ocasiones, pese a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en mayo de 2021 los argumentos por los cuales fue otorgada dicha suspensión.

La SCJ alegó la necesidad de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, a la libre determinación del pueblo maya y a que se priorice el interés superior de la niñez, por encima de intereses empresariales y políticos.

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JG