Congreso de Yucatán avala pena máxima a feminicidas
El Congreso estatal aprueba que los delitos sexuales contra menores no pierdan validez
Durante el segundo periodo extraordinario, diputados del Congreso estatal aprobaron ayer elevar la pena máxima del delito de feminicidio a 65 años, así como modificaciones al Código Penal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban, o sea, no pierdan vigencia o validez.
Asimismo, se estableció que quien cause lesiones a una mujer por razón de género, se le impondrá de ocho a 14 años de prisión y una multa de mil 800 a tres mil unidades de medida y actualización.
Desde la tribuna, la diputada Milagros Romero Bastarrachea destacó que en 2020 hubo una gran alza en la tasa de asesinatos contra mujeres, cerrando con 11 feminicidios, cifra que es cuatro veces más en comparación a la registrada en 2019. Añadió que las edades de las víctimas oscilan entre 22 años a 70 años aproximadamente.
“En lo que va del año son ocho las muertes violentas de mujeres y hasta el mes de abril se habían reportado de manera oficial dos feminicidios”, expuso la legisladora, quien añadió que es de suma importancia que se castigue de manera justa y responsable con más años de cárcel a quien prive de la vida a una mujer.
Por su parte, la diputada blanquiazul Kathia Bolio, manifestó que, en materia de tentativa de feminicidio, se plantea que quien no logre asesinar a una mujer y se le imputen delitos menores calificados como riñas familiares, no saldrá de la cárcel en poco tiempo. La panista aseguró que la mayoría de estos ilícitos se producen en el seno familiar y aunque las víctimas se animan a alzar la voz, siempre regresan con su agresor.
El producto legislativo aprobado ayer contiene la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, suscrita por la diputada priista Janice Escobedo Salazar. Por otro lado, la legisladora de Morena Fátima Perera Salazar signó la propuesta para reformar y adicionar al Código Penal en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidios.
Al igual, el tercer proyecto consiste para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal en materia de feminicidio y abuso sexual, firmada por las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero. Una más consiste en adicionar un párrafo, reformar una fracción y añadir diversas fracciones al Código Penal, en materia de tentativa de feminicidio y feminicidio, suscrita por la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo. Mientras que la última consiste en modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio, enviada por el Ejecutivo estatal.
Con respecto a las agresiones contra menores de edad, se aprobó que dichos delitos sean imprescriptibles, es decir, que no pierdan vigencia o validez. En ese rubro se encuentran crímenes sexuales, de corrupción, de trata y pornografía.
En ese tenor, el priista Luis Borjas Romero, quien propuso dicha iniciativa, destacó que el aval de este decreto será un paso memorable y trascendental, particularmente en la protección de la niñez yucateca, ya que el estado estará a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
“Yucatán seguirá siendo vanguardista en materia legislativa, e incluso, adelantándonos un paso al orden federal, ya que un proyecto similar fue dictaminado y aprobado en la Comisión de Justicia del Senado el pasado 26 de abril. Por lo que en cuanto concluya su proceso legislativo, seguramente también será incluido al Código Penal Federal”, agregó.
Durante su participación, el legislador añadió que existen informes que revelan un incremento en la Comisión de Delitos en Contra de Menores durante la actual pandemia, ya que La Red por los Derechos de la Infancia dio a conocer que, de enero a junio de 2020, hubo un incremento del 157 por ciento de las denuncias ciudadanas por pornografía infantil, en comparación con el mismo período de 2019 en el país. Asimismo, se registró un aumento del 27.7 por ciento en el caso del delito de trata de menores.
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Por último, los legisladores aprobaron por unanimidad la convocatoria a las asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas e instituciones educativas de nivel superior, para que presenten propuestas de candidatos para cuatro espacios en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), quienes estarán en funciones un periodo de tres años.
JG
