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Los 11 regidores de Progreso, de la administración 2015-2018, que fueron imputados por el delito de cohecho, incluido el exalcalde José Isabel Cortés Góngora, podrían enfrentar una pena de dos a 14 años de prisión, luego de recibir 110 mil pesos, cada uno, para favorecer a la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G., la cual obtuvo un contrato para la instalación de luminarias, misma que se habría creado ex profeso para el negocio.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró imputar a los 11 regidores de la pasada administración de Progreso por el delito de cohecho y el próximo lunes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.
Aunque no se han revelado los nombres de los imputados, por el sigilo de la investigación, la lista de los regidores que conformaron ese Cabildo, y que serían los que enfrentan el proceso como presuntos culpables son: José Isabel Cortes Góngora, Enrique Ordaz Martínez, María del Carmen Villanueva Ávila, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, Leydy Gabriela Flores Chan, Jorge Concepción Casanova Sima, Jorge Carlos Anatolio Méndez Basto y María Margarita Peniche Linot.
En la audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Oral de Progreso, presidida por la Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, se hizo la imputación por el probable delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016, donde los entonces regidores recibieron 110 mil pesos cada uno para beneficiar a la empresa en cuestión, de lo cual hay un video como medio de prueba presentado por la Fiscalía.
La grabación aportada por la actual administración de Progreso y presentado por la Fiscalía Anticorrupción, se ve a los funcionarios contando el dinero que supuestamente recibieron, en la sala de Cabildo, según se informó en la audiencia. Es un dato de prueba que obra en la carpeta y que fue descrito por el fiscal que realizó la imputación.
La empresa beneficiada aparece en el Registro Público del Comercio, como dada de alta en Naucalpan, Estado de México y aparecen como únicos socios Luis Gerardo Velasco Orduña y Guillermo de Jesús Álvarez Laguna.
Aparece como que se llevó a cabo la primera inscripción en el Registro Público del Comercio de Naucalpan el 5 de abril del 2016. La entrega del dinero, de acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía Anticorrupción, a los regidores señalados, se habría llevado a cabo el 23 de diciembre de 2016, por lo que la empresa se habría creado ex profeso para llevar a cabo el negocio en cuestión.
Informamos que se trata de un hecho histórico pues es la primera vez que se imputa algún delito a todos los integrantes de un Cabildo, en este caso los 11 regidores del municipio de Progreso de la pasada administración.
El Código Penal del Estado de Yucatán establece que comete el delito de cohecho “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo,
En cuanto a la pena, se establece que, cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, como fue el caso, se impondrán de dos a 14 años de prisión y de 100 a ciento 150 días-multa.
El ilícito se habría cometido “el 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del Cabildo”, de acuerdo a lo que se mencionó en la audiencia.
Según se ha difundido, la anterior administración firmó un contrato para pagarle a la empresa más de 70 millones de pesos en 10 años, por la instalación de cinco mil 146 luminarias ahorradoras. El contrato establece una inversión de 39 millones en mensualidades de 600 mil pesos, a razón de siete millones 200 mil al año y 72 millones en una década, pero podría llegar a más de 100 millones.
La actual administración de Progreso, que interpuso la demanda, ha señalado que con los intereses la Comuna terminaría pagando alrededor de 98.7 millones y, además, se establece que si una factura no se paga en tres meses, se da por terminado el contrato y se tendría que pagar tres veces el monto del mismo, que equivaldría a unos 120 millones.
Este lunes 12 los imputados y sus abogados se presentarán de nuevo ante la Juez para exponer sus alegatos y ésta determinará si hay elementos para vincularlos a proceso por la presunta comisión del delito de cohecho.
JG
