Colectivo de Yucatán busca cerrarle el paso a los violentos ante el Congreso
Según una encuesta realizada por AMISY, el 97.7% de los yucatecos considera que una persona acusada de violencia de género no debería ocupar un cargo público
En un nuevo esfuerzo para combatir la violencia intrafamiliar, integrantes del colectivo Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) entregarán al Congreso del Estado una iniciativa ciudadana que propone que ninguna persona que haya sido denunciada por violencia contra la mujer pueda ocupar cargos en alguna institución pública estatal.
La iniciativa, según explicaron las promoventes, surgió a raíz de una serie de 300 encuestas que se aplicaron entre la población yucateca -no especificaron cuándo ni por cuáles medios- que mostraron un abierto rechazo hacia quienes ejercen la violencia. Incluso advirtieron que, a raíz de la pandemia, en Yucatán ha incrementado 69 por ciento los casos de agresiones intrafamiliares.
Rosalía López Castro, integrante de la AMISY, dijo que, con base en las encuestas, el 97.07% de los yucatecos considera que una persona que haya tenido un denuncia por violencia hacia a la mujer no debe tener un cargo público; el 98.04% señala que un deudor alimentario tampoco debe obtener un puesto público, mientras que un 98.84% coincide en que es necesario reformar leyes y reglamentos para elegir y, también, sancionar a los servidores públicos.
Dijo que con esta iniciativa se busca que no ocurran más “sospechas” en los procesos de selección de funcionarios y que se apliquen sanciones para quienes hayan cometido ese tipo de delitos.
Según los resultados que presentaron ayer en conferencia virtual, la mayoría de los 300 ciudadanos que respondieron las encuestas aplicadas “consideran como requisitos importantes la ética, transparencia y los valores para quienes ocupen cargos de elección popular, por designación o concurso, y en el desempeño de cualquier cargo público”.
“Asimismo, concuerdan en la necesidad de cambiar leyes y reglamentos que impidan que cualquier persona que cuente con investigación, concluida o en proceso, denuncia por violencia en cualquiera de sus manifestaciones no debe ni puede ocupar ningún cargo público”.
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JG
