Caso Ayotzinapa: esta es la carta enviada a la SCJN para evitar liberación de militares involucrados

La titular de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hizo pública la carta que se envió a la Ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa, tal como lo instruyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento advierte a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que sucedería con el fallo que favoreció a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa.

Cabe señalar que fue al término de la conferencia mañanera de este martes,  que el presidente sostuvo que es “lamentable” que el Poder Judicial “proteja” a quienes participaron en la desaparición de los 43 estudiantes, optando así por no garantizar la justicia a los padres de los jóvenes.

Y aclaró que hace 15 días, a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue enviada una carta dirigida a la ministra Piña Hernández.

“Como si le hubiéramos dicho libérenlos. Ya veíamos venir igual que la liberación del exprocurador (Jesús Murillo Karam)”.

El presidente considera que las acciones tomadas por integrantes del Poder Judicial buscan generar un “desprestigio” del Ejército y a la par “hacerlo quedar mal”, circunstancia que está acostumbrado a enfrentarse a “falsarios conservadores, inmorales, farsantes”, refirió.

Fue el sábado pasado, cuando la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México emitió un fallo que permite a ocho militares involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa enfrentar el proceso bajo libertad condicional.

La determinación de la juzgadora fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mientras que la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que refiere que el fallo tiene “razones estrictamente políticas” por parte del Poder Judicial.

En la carta enviada a la Ministra Presidenta de la SCJN, se advierte la relevación de mantener la prisión preventiva contra los involucrados, porque al modificarse esta figura “existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o que huyan del país”.

Y se agrega: “Debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a Derechos Humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los busca”.

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