Instituto de Movilidad de Quintana Roo olvida sus obligaciones; se dedica a cobrar licencias y refrendos

Al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) se le juntó la chamba, o se la juntaron, porque ahora tiene muchas más atribuciones de las que debería y ha descuidado la razón fundamental para la que fue creada o inventada y fue para hacer programas o acciones que promuevan la movilidad segura, eficiente, accesible, inclusiva y sustentable, así como la regulación del transporte público y la infraestructura vial. En lugar de enfocarse en estas áreas cruciales, el instituto parece más preocupado por la expedición de licencias de manejo y la recaudación de refrendos de taxis o combis, actividades que son indudablemente más lucrativas pero que desvían su atención de sus funciones principales.

Desde su creación en 2016, el instituto ha sido notablemente ausente en la implementación de sus fundamentos básicos, que incluyen el efectivo desplazamiento de individuos y bienes mediante diferentes modalidades de transporte, así como garantizar el derecho humano a la movilidad y establecer directrices para su gestión. A pesar de estas metas declaradas, poco se ha hecho para lograrlas en todos estos años.

Por el contrario, la dependencia ha desviado su enfoque hacia la expedición masiva de licencias de conducir en todo el Estado, con el claro objetivo de obtener ingresos sustanciales. Además, se le han otorgado más atribuciones de las que puede manejar, llegando incluso a actuar como intermediario en conflictos que están completamente fuera de su ámbito. Por ejemplo, recientemente intervino en un caso en el que un taxista inició una huelga de hambre en la explanada del Palacio Municipal en protesta por un seguro de invalidez. Sin embargo, cuando la esposa del taxista bloqueó temporalmente un carril de la avenida Tulum, el Director del Instituto, Rodrigo Alcázar, fue rápidamente convocado para mediar en la situación, demostrando así una prioridad sesgada hacia ciertos intereses particulares, en lugar de atender las necesidades de movilidad de la población en general.

Qué dice la ley

La Ley de Movilidad del Quintana Roo, en sus tres primero artículos define su misión: Artículo 1. Se reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades. Artículo 2. El derecho a la movilidad garantizará lo siguiente: I. El efectivo desplazamiento de individuos y bienes mediante las diferentes modalidades de transporte.

II. Un sistema de movilidad sujeto a la jerarquía y principios establecidos en la presente Ley.

III. Que el objeto de la movilidad sea la persona.

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Según esta ley, cualquier vehículo de Servicio Público o Privado de Transporte que utilice las vías y carreteras del Estado y perciba remuneración económica por prestar dicho servicio debe contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

Sin embargo, parece que el enfoque principal del instituto está en verificar que todos los vehículos tengan sus permisos en regla para garantizar el pago correspondiente. Esta prioridad desvía la atención de otras obligaciones importantes del instituto, como la seguridad vial. Es lamentable constatar que el Imoveqroo no está cumpliendo con su deber en esta área crucial, convirtiéndose así en otro “elefante blanco” más dentro de la ciudad y el Estado.

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AT