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El Congreso de Quintana Roo impugnó la suspensión definitiva que deja sin efecto la cancelación del contrato de concesión de agua potable que opera la empresa Aguakan en cuatro municipios del Norte de la Entidad.
Se trata del expediente 1323/2023 de amparo indirecto a través del Juzgado Octavo de Distrito, el cual recibió la apelación, la cual turnará a uno de los tres tribunales colegiados federales de Cancún.
Cabe recordar que en diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el Decreto 195, el cual establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello el decreto 250 de 2014, año en el que el entonces Gobernador Roberto Borge -hoy preso- concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva el lunes 22 de enero.
El Congreso del Estado ya había anunciado que impugnaría la medida cautelar concedida a Aguakan, pues consideraban que la empresa había hecho uso de información falsa para argumentar a favor de su causa en tribunales.
De hecho, el Gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.
Uno de esos argumentos es que la empresa señala al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el Gobierno del Estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso, pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una Administración municipal, el Poder Legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio, pese a que la concesión se amplió no sólo temporalmente, sino territorialmente hacia los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.
Otro de los argumentos del Gobierno del Estado y del Congreso Estatal contra la concesionaria es la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35 por ciento del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión a Aguakan.
Dicho ejercicio consultó a la ciudadanía: “¿Está usted de acuerdo que la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”
Independientemente de los argumentos a favor o en contra de Aguakan, el servicio de agua potable no se verá interrumpido hasta que el asunto no se revuelva de fondo, es decir, hasta que el Poder Judicial no dicte sentencia definitiva sobre el caso, lo cual podría llevarse por lo menos los próximos dos años.
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HS
