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Seis familias en Playa del Carmen están tramitando amparos para evitar ser desalojadas de las viviendas adquiridas a través de 'Hipotecaria Tu Casita'

Seis familias, a través de la asociación civil “Vecinos Unidos”, están gestionando amparos ante instancias en Cancún para evitar ser desalojadas por la fuerza pública de las viviendas que adquirieron a través de la ya desaparecida Hipotecaria Tu Casita, según informó Marcos Antonio López Díaz, líder de la asociación.

Este respaldo a los ciudadanos que enfrentan la posibilidad de perder su patrimonio es proporcionado tanto por la asociación civil “Vecinos Unidos” como por “Montveqroo”, según detalló López Díaz.

El activista explicó que han presentado seis amparos ante el Juzgado de Cancún, pero que cuentan con un registro de más de mil 200 personas afectadas. Muchas de estas personas se han visto afectadas por la falta de resultados favorables en sus casos, ya que las propiedades están siendo vendidas incluso a empresarios particulares a precios considerablemente más bajos que su valor real. Por ejemplo, algunas propiedades se están vendiendo en 280 mil pesos, cuando en remates salen por 120 mil pesos. Este apoyo no está llegando a los ciudadanos, sino que va directamente a los inversionistas.

“Ahora lo que estamos buscando es presentar el amparo para revertir el caso y poder negociar la venta de la propiedad al primer comprador”, añadió López.

También señaló las condiciones deplorables en las que muchas de estas familias recibieron sus hogares, las cuales no justifican el precio que han pagado con el paso del tiempo.

Por su parte, el décimo tercer Regidor, Marciano Toledo, comentó que continúan los desalojos y que lamentablemente la gente está siendo presionada, no sólo por empresas fraudulentas que dejaron en la indefensión a toda la población, como Hipotecaria Tu Casita, sino también por las demandas que posteriormente presentaron. Toledo está trabajando para evitar que la fuerza pública participe en los desalojos, sobre todo por parte del municipio, ya que estas órdenes provienen de un mandato judicial.

“El municipio puede ser objeto de sanciones y debe actuar en consecuencia, pero también sugerimos a la Gobernadora un gesto de buena voluntad para permitir que la gente pueda conciliar y resolver sus problemas, ya que desalojar a las personas y dejarlas en la calle no es culpa suya, sino de la empresa que quebró, concluyó Toledo.

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HS