Congreso de Quintana Roo desampara a víctimas de hechos delictivos y desaparecidos

El Congreso del Estado ha demostrado omisión en armonizar las leyes estatales con la normativa establecida en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Además, es notoria la ausencia de esfuerzos para adaptar las leyes locales a las modificaciones realizadas a nivel federal, especialmente en lo concerniente a la Declaración Especial de Ausencia.

En este tenor, no se han tomado medidas para incorporar las nuevas leyes en el Código Penal del Estado, limitando su inclusión únicamente a la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo en un par de artículos.

Una de las omisiones más graves de la actual Legislatura estatal es la falta de adopción de medidas efectivas para proteger los derechos de las víctimas. Tampoco se han promulgado medidas legislativas que garanticen el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Tampoco se ha regulado la situación jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares en áreas como los derechos de familia, patrimoniales, del trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, no se han proporcionado los medios y condiciones jurídicas necesarias para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido plenamente y de manera libre por sus titulares.

A pesar que por ley las Legislaturas locales deben expedir normativa al respecto, especialmente en lo relacionado con la Declaración Especial de Ausencia, y que esta normativa debe integrarse de manera integral en el Código Penal del Estado, actualmente sólo se encuentra en dos artículos.

Esta omisión legislativa es lamentable, ya que en Quintana Roo no se cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para brindar protección y apoyo completo a los familiares de las personas desaparecidas y a los testigos, ni para garantizar el derecho a la reparación integral de los daños.

Hay que recordar que los casos de desaparición forzada en la Entidad comenzaron a aumentar en el 2019, pero el año 2022 tuvo la mayor concentración de cifras, con 368 personas que aún están desparecidas. En el 2018 los números se habían mantenido con relativo índice bajo y en el 2020 se registró una pequeña disminución, por lo que después, la tendencia señala que el delito va al alza.

En múltiples ocasiones, colectivos y asociaciones civiles relacionados con la desaparición forzada han pedido ayuda a las instancias federales para que se instruya la creación de una comisión especializada y se designe personal para hacer los análisis de las carpetas y se proyecte un plan de búsqueda que guarde y garantice sus derechos como víctimas indirectas.

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HS