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La XVII Legislatura investiga denuncias de acoso laboral y sexual presentadas por trabajadoras; solo un funcionario con nivel directivo fue separado de su cargo debido a su presunta responsabilidad

Es el Órgano Interno de Control (OIC) de la XVII Legislatura, el encargado de conocer las denuncias por acoso laboral y sexual que trabajadoras han presentado contra directivos de diversas áreas, aunque hasta el momento el origen de las mismas no ha sido revelado.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Humberto Aldana, aseguró que no se tolerará este tipo de conductas. Si bien se ha interpuesto un total de cinco denuncias ante el Órgano Interno de Control de la XVII Legislatura, hasta el momento sólo un funcionario con nivel directivo ha sido separado de su cargo, al comprobarse, a través de diferentes elementos, su presunta responsabilidad, mientras que a los demás denunciados aún les asiste la presunción de inocencia.

Por lo anterior, será hasta que el OIC concluya sus investigaciones cuando se pueda determinar si en los otros casos se cuenta con elementos para concluir la relación laboral con los directivos señalados; pero por lo pronto sólo uno ha sido separado de su cargo y se trata del caso del ex Director Jurídico Marco Antonio O. R. “Respetaremos la presunción de inocencia, pero no toleraremos mal ejercicio del poder en contra de subalternos, menos ataques o tocamientos” sentenció el presidente de la Jugocopo.

Explicó que en caso que existan más casos como el que generó la remoción del funcionario deben ser denunciados ante el OIC, donde se les otorgarían las condiciones de seguridad física y laboral, a las presuntas víctimas. Recientemente la XVII Legislatura instaló la Unidad para la Igualdad de Género, que precisamente se encargará de vigilar y evitar que se registren acosos laborales y sexuales contra mujeres que se desempeñen en el Congreso de Quintana Roo. Reiteró que existe una política de cero tolerancia para el exceso del poder, por lo que ya se trabaja en los casos reportados y de ser necesario se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) con la fi nalidad de que investiguen los casos.

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HS