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A los reos nuevos les cobran hasta 5 mil pesos mensuales para no pegarles u obligarlos a trabajar

Al menos tres grupos delincuenciales se disputan el control del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún. Los internos pelean el dominio de la venta de droga, extorsión, prostitución y otros negocios ilícitos que se cometen en el centro penitenciario, de acuerdo con fuentes al interior de la cárcel.

La pugna se mantiene entre el Cártel de Sinaloa, que utiliza como brazo armado a la pandilla de “Los Sureños”, el Cártel de Cancún y “Los Pelones”, los cuales pelean principalmente por el control de la venta de droga, extorsión y otros negocios que existen en el penal, como la venta de alimentos, medicamentos y privilegios, que van desde protección hasta “comida a la carta”.

La zona que está en disputa es el módulo denominado “Albatros”, donde se concentran los reos recién llegados. Ahí la cuota va desde 3 mil hasta 5 mil pesos mensuales para lo que denominan “talacha”. Esto sirve para evitar que el interno sea golpeado o le asignen trabajo forzado. El precio aumenta si la persona privada de la libertad necesita comodidades, como aire acondicionado, teléfono celular o comida “especial”; en ese caso, la cuota puede aumentar hasta 10 mil pesos mensuales o más.

El módulo de “conductas especiales” es otro donde ejercen el control dos sujetos identificados como “Chucho” y “El Silencio”; ambos reos presuntamente tienen acceso a armas de fuego, en complicidad con custodios del centro penitenciario. A los dos hombres se les atribuye formar parte de la pandilla conocida como “Los Sureños”, actuales aliados del Cártel de Sinaloa en la disputa contra integrantes del Cártel Cancún y “Los Pelones”.

El presunto autogobierno que rige al interior del penal permite a las personas privadas de su libertad que ejercen el control del centro penitenciario portar teléfonos celulares las 24 horas del día, desde donde giran órdenes para introducir droga al penal en complicidad con los celadores.

La fuente reveló que actualmente la pugna se centra en el Módulo “I”, donde se concentra la mayor parte de la población penitenciaria. Ahí un vaso de agua puede valer 10 pesos, o 15 si la quieren fría. También existe la posibilidad de ordenar comida a la carta. En esa zona y otros módulos del penal hay celdas equipadas con aire acondicionado, estufas, refrigerador y cómodas camas matrimoniales.

Hay “tabuladores” de precios

Familiares de los reos señalan que todo tiene un precio, además del permiso previo. Ingresar un par de tenis, un ventilador, una cobija puede costar desde 50 hasta 100 pesos, según lo que desean ingresar. Lo anterior es con el personal penitenciario, pero si quieres mantener a tu familiar en relativa calma, el precio lo pone quien controla el área.

“Todo tiene un precio. Tu familiar puede tener teléfono celular, comer lo que quiera, estar tranquilo, siempre y cuando pagues mes con mes. Ya depende de cómo quieres estar es el precio. Por hijo son 5 mil pesos mensuales; hagas lo que hagas tienes que estar pagando. El que no paga es porque está con ellos y le sirve de una u otra manera. Aquí, si tienes dinero, la pasas más o menos, pero si no, eres su perra”, aseguró una mujer aun con su camisa roja, luego de acudir a ver a su hijo, quien pidió conservar el anonimato por temor a represalias.

Actualmente, el control de gran parte del penal se le atribuye a Óscar Melchor Dzul C., alias “El 18”, ligado primero al Cártel de Cancún, pero tras su ruptura con el Cártel de Sinaloa se quedó en este último, para el que actualmente controla el penal, gracias a una amplia red de corrupción que presuntamente involucra a altos mando del sistema penitenciario.

Una “bomba de tiempo”

La disputa por el control del penal quedó al descubierto el pasado jueves, cuando el interno Fernando T. E. fue asesinado por otro reo apodado como “El Chicanito”, por un presunto ajuste de cuentas derivado de la venta de droga al interior del centro penitenciario.

El homicidio, una vez más atribuido a “El 18” causó preocupación entre los familiares de los internos, quienes sostienen que el penal es una bomba de tiempo y si las autoridades no actúan pronto, la violencia va a continuar escalando.

Sin embargo, los otros grupos, al sentirse sobrepasados, iniciaron una guerra mediática en redes sociales, lanzando señalamientos con nombres y apellidos de quienes presuntamente mantienen el control de la cárcel y piden la intervención de la Gobernadora María Elena Hermelinda Lezama y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Rubén Oyarvide Pedrero.

Autoridades no detectan “nada anormal”

Al respecto, Rubén Oyarvide Pedrero aseguró que tiene conocimiento de la guerra de acusaciones que provienen del interior del penal y ha atendido cada uno de esos señalamientos realizando operativos sorpresas y hasta el momento sólo han detectado teléfonos celulares y armas punzocortantes elaboradas de manera rudimentaria por los reos, conocidas como “puntas”.

Enfatizó en que él mismo ha realizado recorridos al interior del penal y no ha detectado nada anormal; sin embargo, reconoció que cuando llegó al penal había privilegios para ciertos “personajes”, pero todo se ha ido eliminando.

Negó que haya armas al interior del Cereso y puntualizó que con la designación de Apolonio Armenta Parga como Subsecretario de Penas y Medidas Cautelares, busca acabar con la corrupción y ser uno de los mejores centros penitenciaros del país.

Adelantó que gradualmente se irán cambiando los mandos de todos los penales del Estado para lograr los cambios que requiere el sistema penitenciario de la Entidad y obtener mejores calificaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En ese sentido, en la evaluación que realizó el último trimestre del año pasado la CEDH al penal de Cancún, éste resultó con la calificación de 6.4, las más baja en la Entidad, donde en general se alcanzó un 7 como promedio.

Dicho ejercicio evalúa las medidas que garantizan la integridad física, el derecho a la reinserción social, derivado de la integración y funcionamiento del Comité Técnico, por lo cual se aplicaron cuestionarios a más de mil 800 personas privadas de la libertad en penales de todo el Estado.

Según el último informe de la Secretaría de Protección Ciudadana, realizado en agosto pasado, el Centro Penitenciario Estatal Número 2, con sede en Cancún, tiene una capacidad para 947 reos; sin embargo, la población en ese momento era de mil 752 internos, lo que representaba una sobrepoblación del 85.01 por ciento, 304 de ellos estaban recluidos o en proceso por delitos de fuero federal.

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