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Con un doble discurso de querer un acuerdo, Calica Playa del Carmen no ha retirado la denuncia contra México ante los tribunales internacionales

Lejos de retirar la denuncia contra México, como pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa Sac Tun (antes Calizas Industriales del Carmen, Calica) presentó una solicitud de medidas provisionales en el juicio que se lleva a cabo en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, dos días después de haber sido clausuradas sus instalaciones.

Como se recordará, la filial de Legacy Vulcan presentó esta denuncia en el 2019 y que continúa a la fecha; pero cuando el Mandatario sacó a la luz pública el daño ambiental que han ocasionado a la zona continental de Cozumel y en el municipio de Solidaridad, ofreció negociar y construir una especie de Xochimilco o el puerto de cruceros, pero no dejar de extraer material.

El 6 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las instalaciones de la empresa de capital estadounidense, como consecuencia que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un sobrevuelo, detectara que continuaban con la extracción de material.

En reacción, el 8 de mayo Calica presentó una solicitud de medidas provisionales ante el tribunal citado; esto, a pesar de que el 23 de mayo J. Thomas Hill, Director Ejecutivo de Vulcan Material Company, se reuniera con el presidente para tratar de llegar a un acuerdo.

Tras dicha reunión, celebrada en Palacio Nacional, y en la que estuvo presente el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el 27 de mayo, México, a través de la Secretaría de Economía, presentó observaciones a la solicitud de medidas provisionales de Calica.

No contenta la empresa estadounidense, el 2 de junio presentó una respuesta a las observaciones hechas por México, de modo tal que, lejos de buscar un buen acuerdo, en un doble discurso de Calica dice, por un lado, querer solucionar los problemas; pero por el otro, continúa con este pleito legal sin ceder y en el que, como se recordará, exige mil 569 millones de dólares como compensación por los supuestos daños al haber sido clausurado desde el 2018, el predio denominado El Corchalito, cuando la Profepa encontró que habían explotado más de lo autorizado en sus permisos.

Aunque aún falta que México presente la contrarréplica a estos nuevos señalamientos de la empresa Calica, lo cierto es que el juicio que estaba por llegar a un veredicto en noviembre del 2021, se ha prolongado por las estrategias legales de Calica y Legacy Vulcan.

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JG