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Quintana Roo no cuenta con un proyecto de reforma a la legislación penal en materia de extorsión aunque la incidencia va en aumento

En Quintana Roo no hay un proyecto de reforma a la legislación penal en materia de extorsión, por lo que no se implementan acciones para erradicar este delito, aunque la incidencia va en aumento y ha provocado que varios establecimientos “bajen la cortina”, sobre todo en Cancún y la Riviera Maya, de acuerdo con el informe “La extorsión bajo el caleidoscopio”, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“Las extorsiones van más allá del ámbito comercial. Por ejemplo, en el ámbito profesional, en el sistema de justicia penal, en los conflictos familiares, o en la propiedad intelectual también son frecuentes. Ignorar estas extorsiones invisibiliza a las víctimas, sesga las políticas públicas y normaliza este delito”, se lee en el informe.

En Quintana Roo se otorgan de 15 a 25 años de cárcel por el delito de extorsión, una cifra baja, en comparación con Chihuahua, Entidad puntera donde se alcanzan hasta 30 años, dependiendo de la gravedad del delito. En cuanto a multas, en el Caribe Mexicano se pagan de 200 a 300 mil pesos; mientras que en Coahuila, la pena alcanza hasta 700 mil pesos.

“El miedo, el silencio y la vergüenza, aunado a la falta de confianza en las instituciones, son tres formas presentes en la ausencia de denuncia de las víctimas. Por su parte, las empresas grandes son las menos vulnerables a la extorsión. Ello contrasta con lo que experimentan las micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales este delito fue el más frecuente”, continua el estudio.

Francisco Rivas, Director de la organización, detalló que es difícil medir el crecimiento de este delito, pues no es denunciado por los propietarios de los establecimientos, ya que son amenazados por los agresores, los cuales acuden de manera presencial a los locales a amedrentarlos, por lo que prefieren evitar problemas y cerrar sus negocios.

Aunque hubo una disminución del 35 por ciento en las extorsiones telefónicas, el caso es diferente en las extorsiones presenciales relacionadas directamente al “derecho de piso”, cuya incidencia en el Caribe Mexicano continúa aumentando, lo cual es preocupante, según el informe.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional, la tasa por cada 100 mil habitantes hasta octubre pasado era del 0.53, es decir 10 personas denunciaron ser víctimas de este delito cuando en el mismo periodo, pero del 2021, fueron ocho denuncias. La tasa de afectados fue 0.43 por cada 100 mil personas.

Además, recientemente se informó desde la Ciudad de México que una célula delictiva de “La Unión Tepito” estaba enviando sicarios a los polos turísticos de Quintana Roo, para extorsionar y delinquir a empresarios y restauranteros, a quienes les exigen el pago por el “derecho de piso”.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dicha célula de nueve integrantes, que ya fue desmantelada, reclutaba a sicarios en la capital del país para enviarlos a Cancún y Rivera Maya, con vuelo pagado, hospedaje y una paga de 5 mil pesos semanales.

De acuerdo con la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta octubre se han iniciado 70 carpetas de investigación por extorsión y mil 592 por narcomenudeo.

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NR