Continúa el convenio carente de transparencia entre Airbnb y el Gobierno de Carlos Joaquín

Después que el Gobierno de Quintana Roo, con Carlos Joaquín, y la plataforma digital de hospedajes Airbnb anunciaron un convenio de colaboración para captar como impuesto el 3 por ciento sobre el pago de reservas de casas de alquiler temporal en la Entidad, a la fecha se desconoce cuál ha sido el alcance de este acuerdo, así como de los beneficios económicos; tampoco hay reportes transparentes que detallen el destino de esos recursos.

Lo anterior se da en el contexto actual, en que los precios de compra de una casa, a través de crédito en la Entidad, se han encarecido hasta 13.8 por ciento más que el año anterior, según el índice de precios de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Una de las causas que atribuyen los especialistas es la especulación inmobiliaria, fenómeno que coloca a la vivienda como un activo financiero, y ya no como un derecho.

Anuncian convenio, pero no rinden cuentas

El 22 de agosto de 2017, el sitio web de Airbnb publicó una nota de prensa en la que anunciaba una colaboración en materia de impuestos con el Gobierno Estatal de Quintana Roo, encabezado entonces por Carlos Joaquín González.

“Deseo que este acuerdo con Airbnb traiga beneficios a todos los quintanarroenses. Estamos haciendo que nuestro Estado se modernice, que entre en la era de la tecnología digital para que nuestros visitantes tengan la oportunidad de conocer cada uno de sus rincones y bellezas”, expresó el exgobernador en una conferencia de prensa, en la que se dio a conocer el convenio con la plataforma digital.

Si bien, el 15 de agosto de 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo fueron publicadas las “Reglas de Carácter General para Regular la Colaboración entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y las Personas Físicas o Morales que en su carácter de intermediario, promotor o facilitador intervengan de cualquier manera en el cobro de las contraprestaciones por el servicio de hospedaje”, a la fecha ya no pueden consultarse en línea.

Eso no es todo, en la actualidad, el Gobierno Estatal no ha transparentado datos del acuerdo ni ha publicado reportes sobre el alcance de éste. Incluso, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), varios solicitantes han pedido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) esta información; sin embargo, las dependencias no la han proporcionado.

Instituciones “se echan la bolita” y no transparentan convenio ni alcance

Poco después de ser anunciado el convenio entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Airbnb, en varias solicitudes de información a varios organismos estatales se les ha pedido transparentar los términos y condiciones del acuerdo suscrito; sin embargo, algunas respuestas sólo han remitido a lo publicado en el Periódico Oficial (PO).

En noviembre de 2017, a través del oficio DEJA/0122/XI-2017, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) respondió a la solicitud de información 00844717 del sistema InfomexQRoo que “después de una búsqueda exhaustiva”, no encontró una copia del documento oficial en el que se establece el protocolo de colaboración entre el Gobierno quintanarroense y la plataforma citada para recolectar el impuesto sobre hospedaje.

En abril de 2018, la Coordinación General de Comunicación (CGC) del Gobierno Estatal, mediante el oficio CGC/DTAI/033/04/2018, respondió a la solicitud de transparencia 00398918, que el documento del convenio estaba dentro de las facultades y competencias de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que debía solicitar a dicho organismo el documento oficial.

En agosto de 2021, a través del oficio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/0590/VIII/2021, la Secretaría respondió al folio 00547221 que las reglas del convenio que suscribió el entonces Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, estaba publicado en el Periódico desde el agosto de 2017, en la liga http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2017-08-15&Tipo1&Numero=15, la cual actualmente no muestra información.

En julio de este año, el Servicio de Admiración Tributaria Quintanarroense (SATQ) respondió al folio 232223700003922 que, debido a que dicha instancia fiscalizadora entró en vigor el 1 de abril de 2019, “no ha suscrito convenio con Airbnb”. En agosto de 2022, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaip) respondió “notoria incompetencia” en la competencia, atribuciones al folio 2312875000141922, a través del oficio IDAPQROO/4S.2.02/237/VIII/2020.

En ese sentido, la solicitud de información 231287700012322 preguntó al municipio de Bacalar cuál había sido el monto total captado por servicios de alojamiento y hospedaje temporal a través de medios electrónicos, como Airbnb o similares, en octubre de 2022, el Ayuntamiento respondió que sólo ha captado un millón 487 mil 260 pesos, desde enero de 2021 al 30 de septiembre de 2022, por concepto de “Derechos de Saneamiento Ambiental por servicios de hospedaje”.

Además, el Ayuntamiento de Bacalar precisó que aunque las personas físicas y morales deben inscribirse en un padrón para obtener una licencia Municipal que les permita ofrecer servicios de alojamiento, el municipio no obliga a los contribuyentes a indicar si operan a través de las plataformas digitales.

Lo anterior deja ver que en Quintana Roo hay poca transparencia en la recaudación del impuesto por el cobro de servicios de alojamiento, mediante intermediarios como Airbnb. Incluso, se desconoce cuál ha sido el destino de esos recursos.

De acuerdo con el informe “El Mercado de Propiedades Residenciales de Alquiler Temporal”, realizado por el Banco de México (Banxico), la participación de las propiedades residenciales de alquiler temporal en la plataforma Airbnb, en el mercado de hospedaje, ha crecido significativamente, desde 2016 hasta 2021.

De esta manera, en 2016, las propiedades de alojamiento en la plataforma representaban el 5 por ciento del mercado y el 95 por ciento eran cuartos de hotel; pero en 2021, la participación de Airbnb tiene más del 24.1 por ciento, quitándole terreno al sector hotelero en centros turísticos con playa, y más del 34.7 por ciento en el resto del país.

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