Fiscal de Quintana Roo admite atraso de 87 % en investigaciones en la entidad

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) tiene un retraso de 87 por ciento en la resolución de sus expedientes de investigación, ya que desde el 1 de enero del 2020 al 31 de julio del 2021 se han abierto un total de 68 mil 268 carpetas de investigación por diverso delitos; sin embargo, en palabras del Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, están pendientes de resolver 60 mil expedientes.

La cifra de rezago pudo ser corroborada por el funcionario el día de ayer en rueda de prensa en la que comento; “Hemos estado trabajando y actualmente se cuenta con un rezago de 60 mil carpetas, buscamos darle solución a las denuncias con soluciones alternas”.

Sin embargo, cada vez es más notoria la lentitud en los proceso de investigación y muchas veces los familiares tienen que encargarse de realizar las indagaciones por su cuenta.

Uno de los problemas que más afecta a la FGE es la lentitud en las averiguaciones, lo cual genera que haya impunidad en los procesos, pues los denunciantes muchas veces tienen que pasar un largo trámite para realizar una denuncia y, posteriormente a esto, pasan varios meses, incluso años, para que los asuntos ministeriales se resuelvan.

Como expresó el fiscal, la gran mayoría de las denuncias que se realizan en el Estado son atribuidas a los robos y a la violencia intrafamiliar.

“Los dos delitos que más se denuncian en el Estado son el robo en cualquiera de sus modalidades y la violencia familias; el primero se resuelve investigando o muchas veces llegando a un arreglo; mientras que el segundo es mucho más difícil de combatir, ya que la agresiones ocurren en un entorno cerrado como es el entorno familiar”.

A pesar de que ha habido una disminución en las denuncias por robo, en comparación con los denunciados el año pasado, el verdadero problema es que este tipo de delitos muy pocas veces se investigan, y esto se ve en el rezago de expedientes.

Según fuentes al interior de la FGE, la a mayoría de las denuncia realizadas por robo se archivan, muy pocas veces llegan a judicializarse y sólo se avanza cuando los afectados implementan una investigación por cuenta propia.

Afectados tienen que hacer investigar por su cuenta

El retraso en la investigación de expedientes genera impunidad, tal es el caso de Eduardo Velázquez, quien fue atropellado el pasado 15 de agosto en la calle Benjamín Hill de la ciudad de Chetumal, done el agresor escapó y dejó al lesionado tirado en el pavimento a su suerte.

El sujeto quedó seriamente herido y el caso fue denunciado ante las autoridades; el hecho quedó grabado en una cámara de seguridad, por lo que pudieron ver el vehículo del responsable del accidente.

Sin embargo, el proceso para poder localizar el automóvil del conductor que atropelló a Eduardo y huyó seria largo y tardado. Esto hizo que los familiares se pusieran en acción y comenzaran la búsqueda del responsable.

Los familiares solicitaron  apoyo mediante redes sociales y empezaron a indagar por su cuenta.

A los dos días de intercabiar información, dieron con el automóvil y con el probable responsable del percance.

A pesar de esto, la policía no procedió a tiempo y hasta los dos días aseguraron el automóvil,  por lo que hasta el momento no hay ningún detenido, pero la carpeta no se ha cerrado; los únicos avances son los que realizó la familia del afectado.

Como estos casos existen varios, en donde la lentitud para resolver los caso por parte de la FGE hace que los involucrados tengan que tomar la justicia con propia mano.

Busca delegar

Una de las soluciones que propone el fiscal es delegar los procesos, mientras las carpeta puedan ser solucionadas por justicia alternativa dice que resultará mucho mejor.

“Ya se tienen estrategias para el plan de persecución penal, este es un manual con el que cuentan todos los ministerios públicos, buscando hacer efectivas todas las soluciones alternas que se tengan”, indicó en la conferencia.

Lo que busca es no llegar a soluciones judiciales y tratar de que sea más ligero el proceso; es decir, que si hubo un daño económico, con la devolución del dinero se soluciona el asunto; sin embargo, esto tiene como problema que el delincuente permanece libre.

Esta solución sólo busca reparar el daño causado para acortar el proceso; sin embargo, no tiene una consecuencia real de mitigación en contra de quien comete el robo o la falta, generando más impunidad.

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CG