Reprueba gobierno de Carlos Joaquín en seguridad e innovación
Según el IMCO, el gobierno de Carlos Joaquín reprobó en al menos cinco áreas, entre ellas debilidad en innovación y seguridad pública.
Tras el inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín González y durante sus primeros dos años de gestión, el estado de Quintana Roo reprobó en las áreas de innovación, gobierno, manejo sustentable del medio ambiente, mercado de factores, así como derecho y seguridad, de acuerdo con los últimos datos del Índice de Competitividad Estatal 2020, elaborado y presentado cada dos años por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El Índice de Competitividad Estatal mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 97 indicadores compuestos por 10 subíndices, que son Derecho, Medio Ambiente, Sociedad, Sistema Político, Gobiernos, Mercado de Factores, Economía, Precursores, Relaciones Internacionales e Innovación.
El último estudio realizado por el Imco se presentó en este 2020, pero los datos analizados abarcan el periodo 2016-2018, que correspondió al primer y segundo año de gobierno de Carlos Joaquín González, y en el que la entidad obtuvo tan sólo una medalla de plata (segundo lugar), que se le otorgó por su fortaleza en el área de Sectores Precursores de Clase Mundial.
Sin embargo, Quintana Roo reprobó en al menos cinco áreas, presentando debilidad en innovación, cayendo de la posición 25 a la 28 en el periodo evaluado y estando por debajo del promedio nacional.
El subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de las entidades federativas para competir con éxito en la economía, particularmente en los sectores de alto valor agregado e intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Este subíndice considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que incluye indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más talento e inversión.
La entidad tampoco va bien en materia de derecho, de acuerdo con lo publicado por el Imco, que la ubicó por debajo del promedio nacional y con un retroceso de 14 posiciones de 2016 a 2020, al pasar del décimo al 24 lugar.
El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. Este factor se encuentra estrechamente ligado a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública.
Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en las entidades. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos.
Cabe destacar que en el subíndice de Derecho, el estado de Quintana Roo ocupó la posición 28 de las 32 entidades federativas en homicidio, el lugar 26 en costos del delito y 23 en secuestros.
Aunque mejoró siete posiciones, al pasar del lugar 29 al 22, la entidad sigue teniendo como debilidad el área de gobierno eficaz y eficiente, sobre todo en apertura de empresas, registro de la propiedad y en indicador subnacional de mejora regulatoria, indicadores que recibieron las posiciones 32, 31 y 30 de todas las entidades federativas.
El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad de los gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.
En cuanto a manejo sustentable del medio ambiente, Quintana Roo cayó una posición y se quedó en el lugar 22, estando también por debajo del promedio nacional.
El subíndice Manejo sustentable del medio ambiente (Medio ambiente) mide qué tan responsables son las entidades federativas en el uso de sus recursos naturales, como el manejo eficiente del agua, la protección de la cobertura forestal y la generación y disposición adecuada de residuos sólidos, entre otros. Estos elementos repercuten directamente en la calidad de vida de la población y en la atracción de talento e inversión por parte de las empresas, ya que no existe una sostenibilidad económica sin sustentabilidad ambiental. El uso adecuado del capital natural y su conservación en el tiempo son fundamentales para impulsar la competitividad a nivel subnacional.
Además, el Imco mostró que Quintana Roo retrocedió en el área de mercado de factores eficientes, aunque se colocó por arriba del promedio nacional, en 2016 estaba en décimo lugar y en 2018 cayó hasta la posición 13.
El subíndice Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del trabajo, uno de los principales factores de la producción. La eficiencia del mercado laboral en México depende de condiciones como la distribución del ingreso y la igualdad salarial, así como del desarrollo de capacidades y conocimientos a través de capacitaciones y el desarrollo del sector educativo. Estos elementos determinan el nivel de competitividad laboral y generan condiciones para la atracción y retención de talento e inversión.
El Imco propone a las entidades federativas la recuperación de sus responsabilidades fiscales, tomar el control de la seguridad pública, innovar en el sector salud al aumentar la cobertura y calidad con menores costos, incrementar la oferta educativa pública y privada, así como estimular la libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión.
Por Gabriel E. Manzanilla
