A cuatro años de gobierno, Carlos Joaquín aún tiene 70 compromisos por concretar

Tras cuatro años de haber asumido las riendas del estado y a tan sólo dos de concluir su administración, el gobernador Carlos Joaquín González tiene pendientes más de 70 compromisos enlistados en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, como la construcción del Complejo de Seguridad C5, infraestructura en materia de mercados públicos y centrales de abasto, desarrollar el parque industrial de Chetumal, la creación de parques tecnológicos en el norte y sur del estado, entre otros.

El gobernador Carlos Joaquín rendirá su IV Informe de Gobierno el próximo 8 de septiembre, aunque por la pandemia del COVID-19 lo hará de manera virtual y será transmitido vía redes sociales y por los canales oficiales del gobierno de Quintana Roo.

El mandatario estatal tomó protesta y asumió las riendas del estado hace cuatro años, el 25 de septiembre de 2016, y al llegar a la recta final de su gobierno aún le quedan decenas de compromisos que están pendientes y enlistados en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el cual engloba cinco ejes rectores: Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos; Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho; Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente; Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, así como el de Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.

El Plan Estatal de Desarrollo se puede consultar en la página del gobierno del estado, www.qroo.gob.mx, que contiene el diagnóstico, las propuestas y plan de acción por cada sector.

En ese sentido, en materia de empleo y justicia laboral hace falta crear, con apoyo de los gobiernos federal y municipal, una iniciativa que impulse el régimen de incorporación fiscal para disminuir la tasa de informalidad laboral; crear una Red de Estancias de Cuidado para hijos de madres trabajadoras, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras propuestas.

En materia de desarrollo, innovación y diversificación económica está pendiente la implementación de un programa integral para la reactivación económica de la capital del estado, y aunque se han llevado a cabo convenios y acciones entre la iniciativa privada y autoridades del gobierno estatal, éstas han sido muy limitadas y de poco alcance.

También hace falta implementar un programa para la modernización y mejoramiento de invernaderos en el centro y sur del estado principalmente, con énfasis en las comunidades mayas; promover la producción, comercialización y certificación de productos orgánicos; impulsar en coordinación con el sector universitario centros logísticos de comercialización; promover y facilitar la inversión integral en comunidades indígenas; reactivar el clúster de la madera y el mueble mediante alianzas estratégicas entre los actores involucrados en el sector; dotar al estado de la infraestructura adecuada en materia de mercados públicos y centrales de abasto mediante esquemas de cooperación con los gobiernos federal y municipal e iniciativa privada, en este último punto no ha podido concretarse la promesa de construir un centro estatal de abasto en el sur del estado, mismo que se ubicaría en la comunidad de Subteniente López.

Otro compromiso es el de impulsar, en coordinación con la iniciativa privada, el desarrollo de un parque industrial en la zona sur del estado, lo cual ya se ha logrado en una primera etapa con el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) de Chetumal, aunque el proyecto sigue en proceso y hasta el momento no opera ninguna empresa.

En cuanto a competitividad e inversión, se propuso actualizar el Plan de Gran Visión 2025, implementar la Agenda de Promoción de Inversiones Nacionales e Internacionales, establecer un programa de incentivos por sector estratégico para proyectos detonadores; así como impulsar la operación organizada del Hub Emprendedor, que integre a incubadoras regionales de negocios con la colaboración del sector educativo y empresarial, y aunque han surgido propuestas, al final todo se ha quedado en buenas intenciones.

El Plan Estatal de Desarrollo promete facilitar la creación de clústers regionales según las vocaciones productivas del estado; promover la creación de parques tecnológicos en el norte y sur del estado; integrar, con apoyo del sector empresarial y, poner en marcha en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), el programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad, aunque este último punto requiere actualizarse, ya que la Sintra es una dependencia que no existe actualmente en el organigrama del Gobierno de Quintana Roo.

En cuanto a diversificacion y desarrollo del turismo, está pendiente la creacion del Gabinete Turístico Estatal, diseñar e implementar el Plan Maestro de Turismo Sustentable; diseñar e impulsar estrategias que mejoren la competitividad de los Pueblos Mágicos de Bacalar, Isla Mujeres y Tulum, así como realizar gestiones para la obtención de nuevas declaratorias.

Otros compromisos son desarrollar un programa para la creación de un centro de investigación y estadística, el cual genere información y conocimiento en materia turística para facilitar la toma de decisiones; promover los productos elaborados por artesanos quintanarroenses en los destinos turísticos del estado; impulsar en coordinación con los estados vecinos un producto turístico multidestino peninsular, que unifique esfuerzos y se consolide como un producto competitivo en el Caribe y desarrolle conectividad aérea regional.

En materia de seguridad pública se tiene la meta de cubrir el 100 por ciento de los elementos policiales para que cuenten con el Certificado Único Policial (CUP), al término de la administración; conformar grupos de reacción inmediata para el combate efectivo de los diversos delitos; crear el Complejo de Seguridad C5 para consolidar la coordinación interinstitucional, estrategia e inteligencia policial, dicha obra se construyó en una primeta etapa con una inversión de poco más de 100 millones de pesos, aunque sólo se ha terminado su estructura física o “cascarón”.

También se busca lograr la certificación internacional de la Asociación Americana de Prisiones (ACA) en al menos un Centro de Reinserción Social del estado. El Cereso de Cozumel está en proceso desde el año 2017.

Existe el compromiso de gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, recursos para construir nuevos centros penitenciarios; así como efectuar, en coordinación con la sociedad civil y los sectores público y privado, un programa integral orientado a la reinserción social de los internos.

Se requiere actualizar el marco jurídico en materia de Protección Civi, además de crear un centro estatal de respuesta y atención de emergencias en materia de protección civil.

En cuanto a los compromisos de “gobierno abierto y transparente”, hace falta la conformación al 100 por ciento de Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cada dependencia, entidad y organismo de la administración pública estatal, así como fortalecer las existentes; la conformación de Comités de Transparencia al interior de cada dependencia, entidad y organismo público del gobierno del estado, a fin de facilitar al ciudadano el ejercicio de su derecho a acceder a información pública y rendir cuentas de manera efectiva; así como diseñar e implementar el programa Barómetro Comunicativo, que permita dar a conocer a la celebración de contratos y asignación de recursos a los servicios de comunicación y publicidad oficial.

La presente administración también se comprometió a que sus servidores públicos de alto nivel presenten y hagan pública su declaración “3 de 3”, que incluye la patrimonial, fiscal y de intereses.

Algo que se ha hecho muy poco es fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil en las tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cultura de la legalidad, por lo que incluso hay asociaciones, como Somos tus Ojos y El Observatorio Legislativo, que han señalado que la transparencia de Quintana Roo es mera simulación.

Otras propuestas anunciadas son la de poner en marcha, en colaboración con el sector educativo y la Secretaría de Desarrollo Económico, la Plataforma de Información Estratégica para la Atracción de Inversión; desplegar, con apoyo de todas las universidades, la primera red de comunicación interinstitucional para la innovación y socialización de la información; desarrollar, en coordinación con la extinta Oficialía Mayor, el proyecto para la creación de Centros Integrales de Servicios en la región sur y norte del estado; impulsar la creación de una oficina de transferencia.

En cuanto al robustecimiento de las finanzas públicas, existe el compromiso de crear la Unidad de Inversión Estatal para la Gestión de Fondos y Cooperación Financiera.

En el eje de Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, en su apartado de Combate a la Pobreza, sigue pendiente instrumentar un programa de combate a la pobreza alimentaria y difusión de hábitos saludables en la alimentación.

En el apartado de Educación Pública de Calidad se ha buscado dotar de infraestructura tecnológica a las escuelas públicas del estado, en coordinación con la federación u otras instancias.

El gobierno de Quintana Roo ha hecho poco por cumplir su compromiso de salud pública universal, para lo cual propuso fortalecer e incrementar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos del primer y segundo nivel de atención médica; abastecer de medicamento del cuadro básico a las unidades médicas estatales; modernizar e incorporar las tecnologías de la información, comunicación y rehabilitar la infraestructura en materia de salud, entre otros compromisos.

Está pendiente diseñar un programa piloto para la conformación de redes ciudadanas de prevención de la violencia contra las mujeres; y en cuanto apoyo de pueblos mayas se refiere hace falta co-crear entre gobierno y comunidades indígenas un programa de rescate y revalorización de la cultura maya; diseñar un programa en comunidades indígenas para promover e impulsar la autosuficiencia alimentaria y la comercialización de sus productos; implementar un programa de impulso a la medicina tradicional; así como impulsar las festividades y tradiciones de los pueblos indígenas, aunque esto último se ha visto afectado con la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

En igualdad de género se propuso elaborar un Programa Estatal para la Igualdad entre Mujer y Hombres; así como impulsar la elaboración de programas presupuestarios con perspectiva de género.

En cuanto a Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento Territorial con Visión Regional y Metropolitana la presente administración se ha comprometido a elaborar los Programas Regionales del Caribe Norte, de la Zona Maya y de la Zona Sur para contar con ciudades sustentables, habitables y competitivas, que fomenten el equilibrio, el bienestar y la convivencia; elaborar el Programa de Desarrollo de la zona Metropolitana de Benito Juárez-Isla Mujeres; implementar un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del área de influencia entre Chetumal y las localidades cercanas; gestionar que los municipios actualicen sus reglamentos de construcción, de imagen y paisaje urbano; crear la unidad administrativa responsable del espacio público, para la aplicación de políticas en la materia.

También está pendiente promover, en coordinación con los sectores público, privado y social, campañas de reciclaje de residuos sólidos; promover la inversión de la iniciativa privada en el reciclado, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos; consolidar el Programa de Guardianes Comunitarios, para proteger la fauna silvestre; actualizar y dar seguimiento al Plan Estatal de Cambio Climático; implementar y dar seguimiento al acuerdo para la sustentabilidad de la Península de Yucatán; así como crear el Fondo Ambiental para el estado.

En materia de movilidad y transporte sigue pendiente conformar, en coordinación con el sector social y empresarial, el Consejo Consultivo de Transporte de Quintana Roo; impulsar, en coordinación con el gobierno federal, proyectos de transporte urbano lagunar sustentable; fomentar, con los sectores social y empresarial, aplicaciones digitales para facilitar la movilidad dentro del estado.

Otros temas que siguen sin concretarse son colaborar en la conectividad digital de las comunidades rurales, respetando sus usos y costumbres, así como espacios públicos y edificios; desarrollar un programa integral de ciclopistas que fortalezcan la movilidad y las actividades recreativas en todo el estado; generar el proyecto de Ciudad Administrativa Gubernamental, en la ciudad de Chetumal; crear un Instituto de Vivienda, entre otros compromisos.

En lo que se refiere a obra pública productiva, existen proyectos emblemáticos de su gobierno que, si bien ya fueron iniciados, a la fecha no han sido concluidos, resaltando el Complejo de Seguridad C5, al que se le han invertido 105 millones de pesos en una primera etapa; convertir la Megaescultura de Chetumal en el Museo Cuna del Mestizaje, aunque a lo largo de esta administración sólo le han colocado iluminación y unas fuentes danzarinas con una inversión de alrededor de 22 millones; así como la conclusión del Hospital Oncológico de Chetumal, obra a la que se le han inyectado poco más de 500 millones, pero de acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesa) se requieren 600 millones más para ponerlo a funcionar.

Otras obras anunciadas en este gobierno, pero que todavía siguen pendientes de concretarse, son la puesta en marcha del Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, al cual se le destinaron más de 20 millones de pesos en 2017; el Parque Industrial de Chetumal con Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), que lleva una inversión de más de 90 millones de pesos, pero que sólo ha logrado la construcción de 4 naves industriales de un total de 68 proyectadas, sin que hasta el momento se instale y entre en operaciones la primera empresa.

También está pendiente la construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) en el Estado, ubicado en la zona norte y mediante el cual se buca combatir el problema de hacinamiento en cárceles, proyectando una capacidad para albergar a 2 mil 500 reclusos.

El estatus de estas obras parte de los últimos datos presentados por las dependencias a cargo de las mismas, que incluyen a la Secretaría de Salud (Sesa), la Secretaría de Obras Públicas (Seop), la Agencia de Proyectos Estratéticos (Agepro) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede). Estos no son los únicos proyectos, pero si forman parte de los más emblemáticos y ninguno ha sido concretado al 100 por ciento.

Por Gabriel E. Manzanilla