Exalcalde y tesorero de Valladolid reciben ultimátum para pagar 6.9 mdp por peculado
Ambos funcionarios fueron sentenciados a tres años de prisión después de ser denunciados por la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante por desvío de recursos
Hace una semana que se dictó sentencia contra el exalcalde de Valladolid, Roger Alcocer García y el extesorero de la Comuna en ese entonces, Arturo Equivel Palomo, por el delito de peculado.
Luego de esa resolución, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les notificó que tienen máximo de 15 días para pagar los 6.9 millones de pesos que se les fijó para resarcir el daño patrimonial por no construir cuatro obras durante su administración 2012-2015.
La sanción se determinó en un proceso administrativo que se llevó a cabo de manera paralela con la denuncia penal en contra del exedil, de la cual recibió sentencia hace 10 días en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cjom).
En esa ocasión, un Juez Federal sentenció al pago de 3.1 millones de pesos al exconcejal y al extesorero; adicionalmente se le ordenó el pago de más accesorios, como impuestos y recargos, lo que hizo que el monto llegara a 5.7 millones, que deberán cubrir en mensualidades a partir de la sentencia.
Un día después de la sentencia penal les llegó una notificación de la sentencia administrativa que aplicó la ASF. El Ayuntamiento también recibió el aviso en su calidad de víctima por los recursos que no fueron aplicados en cuatro obras: una plaza de la jarana, un museo del tren, una biblioteca y la conclusión de una unidad deportiva.
La denuncia penal la interpuso la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, del Partido de Regeneración Nacional (Morena), quien, sorprendentemente, en las audiencias anteriores extrañamente dijo que no se acordaba de la querella.
Sin embargo, la ASF hizo una auditoría al municipio y los entonces funcionarios no pudieron acreditar la aplicación de los recursos que se les depositó a una cuenta adicional a las que manejaba la Comuna, presuntamente para la construcción de las obras mencionadas.
Sobre el proceso administrativo que llevaba la ASF, el Ayuntamiento que presidieron Alpha Tavera y Enrique Ayora Sosa sí tenían conocimiento, pero al terminar su administración se llevaron el expediente y no dejaron nada.
Ante esa situación, el Ayuntamiento que ahora encabeza Alfredo Fernández Arceo no tenía conocimiento. Hace unos días se dijo sorprendido sobre la notificación que le hicieron, pues no tenían conocimiento del proceso administrativo.
Se supo que desde que la ASF tuvo conocimiento del caso mandó a citar en la Ciudad de México a los involucrados, Alcocer García y Esquivel Palomo, para que acreditaran la ejecución de las cuatro obras. Como no lo hicieron, se continuó con el proceso administrativo hasta que dio su resolución un día después de la sentencia penal y los notificó para que paguen 6.9 millones más accesorios.
El rubro del pago, más los accesorios hacen un total de 8.8 por ciento que pagarían adicionalmente sobre la cantidad reclamada por el Banco de México, o sea, deben cubrir los 84 meses de interés que duró el proceso, que sobrepasa los 20 millones de pesos- Eso es lo que deben saldar en los próximos 15 días, según se les notificó.
Si los sentenciados no pagan ese monto reclamado por la ASF, la dependencia federal turnará el caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) porque es un daño a las arcas de la Federación.
De suceder eso, el SAT dará seguimiento con embargos a los bienes muebles e inmuebles de los sentenciados. En caso de que los acusados hayan transferido alguna propiedad o cuentas a prestanombres o terceros se tomará en cuenta si lo hicieron durante los 84 meses que duró el proceso. En ese caso, se les revocará la transferencia que hayan puesto a nombre de otras personas para que se les pueda embargar.
En la sentencia que se les dictó la semana pasada, los dos exfuncionarios deberán pagar un monto de 6.5 millones por daño al erario de la Comuna vallisoletana y cumplir tres años de prisión. Sin embargo, en su momento se dijo que como el delito es considerado no grave y la pena privativa de la libertad es menor, podrían evitar la cárcel con el pago de una multa.
Además, cada uno debería pagar una multa individual de 15 mil pesos, que incluso podrían hacer en abono. Según el expediente, durante los siete años que duró el proceso penal, los acusados, a través de recursos legales, lograron reducir la deuda a los 6.5 millones de pesos que finalmente se les notificó. Originalmente, la denuncia fue interpuesta por la cantidad de 26 millones de pesos que, presuntamente, desviaron, pero al final cada uno pagaría los 3.1 millones, como se les dictaminó en la audiencia judicial efectuada la semana pasada.
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CC
