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Zheger Hay Harb recuerda la masacre en La Rubiera que ocurrió hace 55 años

Se cumplen 55 años de la masacre de La Rubiera de la que los perpetradores dijeron que “fue normal”.

En 1967, en la región de los llanos orientales, limítrofes con Venezuela, con quien comparten cultura y etnias, seis llaneros y dos llaneras invitaron a comer a 16 indígenas de la etnia Cuitba y cuando se encontraban comiendo, luego de un día de viaje penoso por la selva, aparecieron de repente por las puertas y las ventanas y los asesinaron con revólveres, hachas y machetes. El mayor de los indígenas tenía 45 años y el menor 6 meses. Se salvaron solo dos que alcanzaron a escapar y trepados a un árbol vieron como asesinaron a los demás. Por ellos se conoció la masacre.

No hubo remordimientos, ningún sentimiento de culpabilidad empañó su alegría por haberse librado de esos “indios”. Los habían encontrado en el río y decidieron matarlos, porque sí, pero pensaron que allí podrían escaparse, así que con engaños, ofreciéndoles comida y regalos, los llevaron hasta el hato, donde le dijeron al capataz: «Unos indios vienen a robarse la yuca y a matar a los marranos. Hay que pasarlos a cuchillo».

Los asesinos nunca habían salido de la inmensidad apartada de los llanos. Mientras se desarrollaba el juicio, uno de ellos dijo haber conocido la luz eléctrica en la cárcel y otro dijo con toda naturalidad: «Por qué iba a pensar que era malo si a los indios aquí los ha matado el gobierno, los matan los de la ley, los mata el dueño del hato donde trabajo. Y bueno los mató mi padre y yo creo que mi abuelo y me dijeron que los antiguos también. Y nunca se quejó nadie”.

Allí, además de la descripción descarnada y sin el menor sentimiento de culpa, los enjuiciados dijeron que a ellos siempre les habían enseñado que los indios son animales salvajes, que roban ganado, así como cazan dantas y que antes también lo habían hecho como algo a lo cual tenían derecho.

Hacia finales de los años sesenta un inspector de policía, Rafael Jaramillo Ulloa, organizó una cooperativa para vender artesanías de palma de cumare en Villavicencio, la ciudad más grande de los llanos, para comprar alimentos y enseres con el producto de la venta. Los comerciantes y colonos empezaron a hostigarlos y algunos miembros de la cooperativa se armaron con dos escopetas y algunos arcos y flechas y entonces los acusaron de haber creado una guerrilla indígena dirigida por un blanco y pidieron la intervención del ejército.

El ejército envió un batallón y los indígenas abandonaron sus chozas y se escondieron pero el llanto de los niños los delató; fueron hechos prisioneros y se desató la represión y hubo torturas y asesinatos de indígenas. La denuncia nacional e internacional la hicieron los misioneros que cubrían esas regiones.

Esta situación se presentaba también del otro lado de la frontera, en el lado venezolano, donde en 1988, en El Amparo, en el limítrofe estado Apure fueron asesinados 14 pescadores por militares y policías, en el gobierno de Jaime Luisinchi, con el pretexto de que eran guerrilleros colombianos que estaban preparando acciones en ese país. Fueron juzgados en tribunal militar que condenó a las dos víctimas que habían logrado sobrevivir y exculpó a los militares alegando legítima defensa en su actuación. Luego de un tortuoso proceso, siempre en la jurisdicción militar, los perpetradores fueron absueltos y las víctimas condenadas.

Finalmente, en 1995 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego del reconocimiento del estado venezolano, bajo la presidencia de Rafael Caldera, de su responsabilidad en los crímenes, los responsables fueron condenados y las víctimas indemnizadas.

La situación de los indígenas de esas regiones sigue siendo precaria aunque sin el nivel de impunidad total de aquellos tiempos. No tienen el nivel organizativo de los indígenas Nasa del sur del país que cuentan con una organización regional y nacional que se hace sentir en el país y fuera de él.

Las denuncias ante organismos internacionales y la intervención de antropólogos y otros científicos sociales, así como el avance que significa la expedición de una Constitución garantista en 1991, han contribuido a retirar el manto de impunidad absoluta de otros tiempos.

GC

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