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En su columna, Zheger Hay Harb comparte su opinión al anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro y su participación en la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que acudiría a la Organización de Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano no tiene voluntad de implementar el Acuerdo de Paz del 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, reconocido con el Premio Nobel de la Paz por ese logro. Dijo Petro: “El Acuerdo de Paz tiene tres grandes ejes: la Reforma Agraria, la Transformación del Territorio y la Verdad Judicial. En Reforma Agraria se necesita poner a funcionar al máximo la jurisdicción agraria y la compra expedita de tierras.

El Congreso aprobó el Acuerdo de Paz y la Corte Constitucional lo declaró exequible y, con ello, se allanó el camino y la responsabilidad de su implementación quedó directamente en cabeza del presidente. Él es el jefe de Estado y jefe del Gobierno, porque Colombia tiene un régimen presidencialista.

No pueden desconocerse las dificultades para implementar el Acuerdo de Paz, que se inauguró con la derrota del plebiscito que Santos sometió innecesariamente a consulta popular para que el pueblo aprobara lo que ya la Corte Constitucional había dado por bueno. La derecha aprovechó para desplegar una guerra sucia con la que asustó a los incautos diciéndoles que le iban a regalar el país a las FARC, que Colombia se convertiría en otra Cuba y Venezuela, y que a los niños los obligarían a convertirse en homosexuales. Y el plebiscito se perdió. Pero también había grandes esperanzas depositadas en el logro de la paz.

El primer punto del acuerdo, el desarrollo agrario, que con razón coloca Petro como prioritario, ha tenido un avance apenas incipiente en su Gobierno, pese a su anuncio de hacer una Reforma Agraria integral. Concertó la compra de tierras para entregarlas a los campesinos con el presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegan), tantas veces acusados de vínculos con el paramilitarismo, pero los logros son mínimos. El catastro multipropósito, que permitiría el saneamiento de la propiedad campesina, aún no se hace realidad.

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como componentes de la transformación del territorio no han tenido el desarrollo esperado pese a que el Plan Nacional de Desarrollo estructura un proyecto técnico riguroso para garantizar su avance, pero el director del Departamento Nacional de Planeación que lo elaboró, un intelectual de izquierda muy reputado, fue despedido por el presidente una vez finalizado su diseño y eso puede haber incidido en la parálisis de los planes.

El asesinato de firmantes de paz, que se inició en el Gobierno anterior, ha continuado en este Gobierno de izquierda dirigido por un exguerrillero que tiene una voluntad genuina de paz, pero no ha logrado la eficiencia que se requiere para hacerla realidad.

En cuanto a la verdad judicial, el organismo creado por el Acuerdo de Paz -la JEP- aplica justicia restaurativa basada en el logro de la verdad y la reparación a las víctimas. Si bien se espera de ella mayor celeridad en el juzgamiento, esa Corte ofrece logros innegables en el descubrimiento de la verdad y en los procesos a militares y exguerrilleros. El reconocimiento que han hecho públicamente excomandantes guerrilleros y paramilitares de sus delitos y sus solicitudes de perdón ha contribuido al clima de reconciliación hacia la paz.

El anterior presidente, Iván Duque, gastó buena parte de su periodo tratando de boicotear la JEP, lo cual afortunadamente no logró porque se le atravesó la Corte Constitucional, pero se perdió un tiempo valioso para consolidar paz.

Por eso el rechazo a la propuesta del presidente proviene no sólo de sus contradictores sino de sus mismas fi las. Pastor Alape, uno de los excomandantes de las FARC dice que el presidente de la República no puede ir como si fuera jefe de una ONG ante Naciones Unidas a quejarse para justificar su falta de acciones concretas para la implementación del Acuerdo de Paz.

Y Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno en las negociaciones con las FARC, dijo que el presidente tiene las herramientas para actuar en los territorios, pero no ha cumplido con los planes de desarrollo territorial, ha logrado apenas un mínimo desarrollo en la compra de tierras y desde hace un año se comprometió a restablecer la Alta Consejería para la Implementación y todavía no lo ha hecho.

El país atraviesa problemas gravísimos: una rebelión preocupante en el magisterio, apoyado por senadores y sindicatos del partido de Gobierno, la elección del rector de la Universidad Nacional se ha convertido, por la intervención del presidente, en un problema nacional; la guerrilla del ELN decidió volver a secuestrar, el llamado Estado Mayor Central (EMC) anuncia la creación de un nuevo bloque y las Autodefensas Gaitanistas se han convertido en un verdadero Estado dentro del Estado.

¿Será este el momento oportuno para que el presidente cree una confrontación con sectores progresistas con los cuales podría buscar el tan anhelado acuerdo nacional que él dice proponer?

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