Contra la impunidad

Finalmente, y luego de desencuentros entre el Presidente de la República, la Fiscalía General y el Congreso, este eligió a una fiscal de la terna que desde el mes de septiembre había presentado el Mandatario, Gustavo Petro.

En el contexto político de Colombia, esta era una elección trascendental, tomando en cuenta la desconfianza que las dos últimas Administraciones han generado sobre la Fiscalía General.

El último fiscal, antes de la recientemente elegida, era compañero de pupitre del expresidente Iván Duque, compartía sus ideas de derecha, se convirtió en político en campaña desde el momento mismo de su elección y no disimuló su parcialidad para proteger al expresidente Álvaro Uribe, de la caverna de sus afectos, para salvarlo de lo que puede ser una condena por delitos como soborno de testigos y fraude procesal.

Ese fiscal -Francisco Barbosa dedicó sus mayores esfuerzos, en consonancia con su amigo el Presidente, a oponerse a la implementación del Acuerdo de Paz que desmovilizó a la guerrilla de las FARC y, en medio de bufonadas como decir que era el más destacado intelectual de su generación y el que más títulos académicos tenía, torció la función de la Fiscalía para que, en vez de investigar y pedir condena, como le correspondía, concentrarse en lograr la absolución de su ídolo: tres veces acudió ante el juez para solicitar la preclusión (es decir, que ni siquiera había delito qué investigar) y tres veces jueces de la República, no magistrados de Tribunal Superior ni de ninguna de las altas Cortes, demostraron que, a pesar de las fallas que tantas veces se ven en estrados, hay jueces independientes y probos.

Pero los problemas de la Fiscalía no comenzaron con el anterior fiscal: quien lo antecedió, Néstor Humberto Martínez, tuvo la investigación a la firma brasileña Odebrecht por sobornos, en la cual está supuestamente vinculado el hombre más rico de Colombia, de quien este abogado, uno de los más poderosos de Colombia, fue apoderado. En este caso se produjo la muerte por envenenamiento con cianuro de quien era el controller de esa empresa, quien grabó conversaciones suyas con el fiscal Martínez, en las cuales manifiesta sus sospechas, mismas que no fueron desestimadas por quien tenía la obligación de investigarlas. Como si eso fuera poco, una semana después murió también su hijo, igualmente envenenado con cianuro.

Así que no era poco lo que se jugaba el Gobierno con la integración de la terna para Fiscal General; por eso las tres candidatas tenían todas amplia formación y experiencia en la Fiscalía misma, ninguna cercana al Presidente y ninguna con acusaciones de corrupción.

En momentos en que se adelantan esfuerzos para negociar con los grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando es tan importante que todos, en todos los ámbitos nacionales, desde cualquiera de las tantas orillas que existen en esta realidad tan convulsionada, puedan tener confianza en la Justicia, luego del desprestigio y las sospechas generadas durante tantos años, la elección de esta nueva Fiscal es una bocanada de esperanza. Igual hubiera ocurrido con cualquiera de las otras dos integrantes de la terna. Una Fiscalía honesta y eficaz es también un soporte importante para la Justicia Especial para la Paz (JEP) pactada en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya pronto estará dictando sus primeras sentencias de justicia transicional contra los actores del conflicto que firmaron ese pacto de desmovilización.

La llegada al país del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y su oferta de contar la verdad sobre quiénes, desde la Fuerza Pública, los funcionarios del Estado y los empresarios participaron directa o indirectamente en sus acciones, que incluyen masacres, desplazamientos y robo de tierras, contribuye a complejizar el entramado en el cual debe actuar la nueva Fiscal. Todo parece indicar que cuenta con todo lo necesario. Es una esperanza cierta.