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Opinión

Gustavo Petro ha emprendido la ruta de la concertación, reuniéndose con todos los gobernadores departamentales para avanzar y activar la economía

Un año y medio después de haber asumido la Presidencia de la República, todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro ha encontrado finalmente la manera de involucrar a la empresa privada en la promoción y desarrollo de su agenda de gobierno y así avanzar en el Acuerdo Nacional que no había podido concretar.

Al comienzo de su mandato, todo hacía suponer que el Acuerdo Nacional que proponía como eje de su Gobierno empezaba a dibujarse con el nombramiento de personajes destacados de orientación liberal como ministros de su despacho: los ministerios de Hacienda, Agricultura y Educación se asignaron con ese criterio, pero antes de un año habían sido desvinculados del Gobierno ante la sorpresa y el rechazo del centro político.

También dio por terminada la alianza multipartidista con que inició su mandato ante el primer tropiezo de sus reformas en el Congreso. A partir de ahí, ha sido reiterado su señalamiento a los empresarios como culpables -con razón o sin ella- de fracasos coyunturales, acusaciones a la prensa de torcer los hechos para presentarlos de manera que perjudiquen a su Gobierno y pullas a los mandatarios regionales porque siente que no apoyan sus proyectos.

El frecuente cambio de integrantes de su equipo (tal como ocurrió cuando ocupó la Alcaldía de Bogotá) y el nombramiento de antiguos militantes de la organización guerrillera de la que hizo parte en entidades de especial importancia, no siempre con idoneidad comprobada, también han contribuido a dar la imagen de un Gobierno sin un proyecto de largo aliento.

Pero últimamente parece que el Presidente ha emprendido la ruta de la concertación, reuniéndose con todos los gobernadores departamentales (no sólo con los que le son afines, como hizo al comienzo) y con varios de los empresarios más importantes para avanzar en proyectos medioambientales, reactivar la economía, reindustrializar el país y desarrollar el campo con proyectos público-privados.

Este Acuerdo Nacional incluye la participación de la empresa privada en el desarrollo de la Reforma Agraria mediante la compra de tierras que ojalá se enfoquen hacia aquellas con vocación agrícola y capacidad inmediata de producción. El Banco Agrario y Finagro darán créditos blandos a pequeños, medianos y aún grandes productores para revitalizar el agro.

Varias de estas empresas se han comprometido a invertir conjuntamente con el Gobierno en cultivos ilícitos para llevarlos hacia su transformación en proyectos legales con vocación de éxito, construcción de carreteras y sistemas para comercializar sus productos.

Apoyaría esto el proyecto de Paz Total del Gobierno, que avanza en medio de tremendas dificultades porque el atraso del campo, las economías ilícitas y la terrible inseguridad de las zonas rurales han propiciado el surgimiento y supervivencia de organizaciones armadas ilegales de diverso tipo. La implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC se convertiría en garantía para futuras desmovilizaciones y haría que el Estado recupere las regiones que por descuido no ocupó después de la salida de los guerrilleros y fueron copadas por los grupos ilegales.

Se complementa lo anterior con una Reforma Tributaria que disminuye el aporte de las empresas y aumenta el de los empresarios, para evitar lo que ahora sucede: que estos presentan como gastos de ellas los suyos personales, en una especie de evasión ya enquistada en el país.

En medio de las enormes dificultades en que se desarrolla la vida nacional, el pasado mes de noviembre hubo un repunte de los indicadores económicos: el DANE (organismo encargado de las estadísticas) muestra una recuperación después de cuatro meses de declive y aleja, de momento, el peligro de recesión para el presente año, “en estas épocas de estancamiento económico mundial”, como dijo el presidente Petro.

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