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Opinión

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha vuelto a poner en primera plana el horror en que estuvo sumergida Colombia, ahora que busca una rebaja en su condena

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha vuelto a poner en primera plana el horror en que estuvo sumergida Colombia durante todos los años en que el poder dejó de estar en manos del Estado para ser apropiado por particulares que, desafortunada y dolorosamente, permitieron y facilitaron ese apropiamiento indebido.

Eso, dicho tan escuetamente, no puede dejar de olvidar que tiene en sus entrañas un compendio del horror ante el cual todos, o casi todos en este país cerraron sus ojos como si con eso evitaran su complicidad. Cómo es posible haber pasado por encima sin ver las terribles masacres cometidas por quienes como Mancuso eran considerados héroes en su entorno: no sólo la ciudad donde vivía, los clubes donde era agasajado sino también en el máximo escenario de la democracia colombiana: el Congreso de la República. Es imposible olvidar cuando durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Salvatore Mancuso y otros dos más de su misma calaña hablaron ante todos los legisladores posando de héroes en plan de salvar a la patria.

Ahora nos cuenta Mancuso, ante la JEP, con miras a obtener una rebaja en la pena que le corresponde por sus múltiples crímenes, que eran tantos los cadáveres que dejaban a su paso, que para proteger al Ejército evitándole acusaciones, montaron hornos crematorios en terreno venezolano. El Bloque Catatumbo desapareció a más de 200 personas en Venezuela.

Pero nada de lo que ha dicho Mancuso ahora es nuevo ¿Por qué entonces el escándalo? Que expresidentes, ministros, militares, funcionarios de todo tipo colaboraban de buena gana con ellos se sabía hace tiempo. Sólo que ahora tenemos más detalles, aunque hace cosa de 20 años la organización social de reinsertados de la guerrilla Nuevo Arcoíris denunció con lujo de nombres propios y cargos públicos hasta dónde había llegado la llamada parapolítica. Y el hoy presidente, Gustavo Petro, ató los cabos sueltos que permitieron armar el esquema del sistema corrupto en que se aliaron políticos y paramilitares y que llevó a la cárcel a buen número de los aliados del expresidente Álvaro Uribe.

Ahora sabemos a ciencia cierta, por las palabras de Mancuso, que el crimen del humorista político Jaime Garzón fue cometido por los paramilitares a pedido de altos miembros de nuestra fuerza pública. Y que el hoy embajador en Ginebra, Gustavo Gallón, creador y por muchos años director de la Comisión Colombiana de Juristas, que tantos estudios fundamentales ha hecho sobre violaciones a los derechos humanos, también estuvo en la mira de estos criminales; pero Carlos Castaño, entonces su comandante supremo, consideró que las repercusiones de ese crimen podían ser devastadoras y eso lo salvó.

Ningún Fiscal General -tampoco el actual- ha hecho investigaciones a pesar de la abundancia de información. Son muchos los periodistas y escritores de gran reconocimiento que han relatado sus impresiones cuando en viajes por las tierras de dominio paramilitar lo más granado del establecimiento los trataba como a héroes. Para no hablar de que las masacres más espantosas se cometieron en lugares cercanos a establecimientos militares.

Quién no recuerda en Colombia cuando en una reunión con el entonces presidente Uribe, el alcalde de El Roble le pidió protección porque sabía que los paramilitares lo iban a matar. Ahora dijo Mancuso: “Uribe le quitó la protección y nosotros lo matamos”.

Otra de las afirmaciones de Mancuso ante la JEP es que el DAS (Seguridad del Estado) declaró objetivo militar a Gustavo Petro, así como al hoy canciller, Álvaro Leyva. Y reiteró su afirmación de hace tiempo de que Francisco (Pacho) Santos, en sus épocas de vicepresidente del país, les había solicitado la creación de un bloque paramilitar para Bogotá.

Una de las afirmaciones de Mancuso en esta declaración tiene especial importancia porque se relaciona con un juicio que desde hace mucho tiempo se viene adelantando sobre las masacres de El Aro y La Granja, mientras Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, el departamento donde se encuentran situados. Un antecedente importante a estos hechos es el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en el marco de estos acontecimientos.

Mancuso ha pedido audiencias privadas para dar información especial sobre la vinculación de expresidentes con los crímenes que él confiesa por “temor a su poder”. Sin embargo, ha adelantado que prácticamente todos apoyaron a los paramilitares.

No menos importante es su afirmación de que políticos venezolanos les propusieron a los paramilitares asesinar a Hugo Chávez.

Lo que dice Mancuso ahora y lo que directamente percibieron y han dicho públicamente figuras del periodismo nacional dan suficientes herramientas como para investigar y condenar, si es del caso, a los militares, funcionarios, políticos y particulares que de alguna manera favorecieron a los paramilitares y recibieron beneficios de ellos.

¿Qué hará falta para adelantar esas investigaciones?

 

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