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La SRE reafirmó su compromiso de oponerse firmemente a cualquier normativa que permita a autoridades estatales o locales asumir funciones de control migratorio

En un significativo desarrollo legal este miércoles 3 de abril, la postura de México jugó un papel crucial en la audiencia sobre la ley SB4 en Texas, una legislación criticada por el gobierno mexicano por ser percibida como xenófoba. 

Roberto Velasco, líder de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), resaltó la influencia de México en el debate, señalando que la preocupación por los efectos de la ley en la comunidad mexicana y las relaciones bilaterales fueron factores decisivos.

La SRE, dirigida por Alicia Bárcena, reafirmó su compromiso de oponerse firmemente a cualquier normativa que permita a autoridades estatales o locales asumir funciones de control migratorio, detención o deportación de ciudadanos mexicanos o extranjeros hacia México. 

"Estas leyes, además de provocar fricciones internacionales, son discriminatorias y violan los derechos humanos", destacó la entidad.

Recientemente, México intervino en el proceso judicial presentando un recurso "amis curiae" ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en oposición a la Ley SB4. 

Velasco reveló que el representante estatal admitió que la ley excedía los límites permitidos y que no se podrían realizar deportaciones hacia México, calificando este reconocimiento como un avance significativo.

"Un avance muy importante. Seguiremos atentos al desarrollo del caso", afirmó Velasco, asegurando que la SRE continuará defendiendo los derechos de los mexicanos en Texas a través de sus 11 consulados en el estado.

Este caso marcó un momento importante en la lucha contra medidas consideradas antiinmigrantes en Estados Unidos, especialmente después de que la corte de apelaciones decidiera mantener suspendida la ley de Texas que facultaba a la policía estatal para detener y expulsar a migrantes que ingresen ilegalmente desde México. 

"Se DENIEGA la moción de Texas de suspensión pendiente de apelación", concluyó un panel de la corte con sede en Nueva Orleans, reafirmando el compromiso de México con la protección de sus ciudadanos y el respeto a los derechos humanos en el contexto migratorio.

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