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Un Tribunal Federal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que México tiene derecho a demandar a los fabricantes al responsabilizarlos por el tráfico y la violencia armada

Los fabricantes de armas de Estados Unidos, enfrentando una demanda del gobierno mexicano que exige 10 mil millones de dólares por supuestamente facilitar el tráfico de armas hacia los cárteles de drogas, tienen intenciones de solicitar a la Corte Suprema que considere su caso. 

Esta estrategia se reveló en una sesión judicial virtual por un representante legal de Smith & Wesson Brands, tras un revés en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que invalidó la decisión de un juez de desestimar la demanda.

La demanda, iniciada en 2021 por México, argumenta que los fabricantes de armas han ignorado las rigurosas leyes mexicanas sobre armamento al diseñar, promocionar y distribuir armas de asalto de estilo militar, contribuyendo así al poderío de los cárteles de drogas mexicanos. 

México sostiene que esto ha propiciado un incremento en los índices de asesinatos, secuestros y extorsiones, además de afectar la inversión y la actividad económica del país, incrementando los costos en seguridad pública.

Según el gobierno mexicano, más de 500 mil armas se trafican anualmente desde EE.UU. hacia México, con más del 68 por ciento de estas provenientes de las compañías implicadas en la demanda, que incluyen nombres como Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co, y Glock Inc, quienes han negado las acusaciones.

Durante la audiencia, Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, expresó optimismo sobre la posibilidad de que la Corte Suprema atienda su apelación y propuso pausar el caso mientras se toma una decisión. 

La apelación se enfocará en debatir si la ley federal de comercio de armas, conocida como PLCAA, que protege a los fabricantes de responsabilidades legales por el mal uso de sus productos, aplica en este caso.

El Tribunal del Primer Circuito señaló previamente que aunque la ley federal podría aplicarse a demandas internacionales, el caso de México presenta alegatos que podrían estar exentos de la prohibición general de la PLCAA. 

El juez Dennis Saylor expresó sus reservas sobre suspender el caso y anunció que tomará una decisión el 12 de marzo.

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