CIUDAD DE MEXICO, 10 de septiembre, (SinEmbargo).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a valorar la descentralización de las dependencias del Gobierno federal, por representar un gasto excesivo para las finanzas públicas.
Mediante su comentario semanal, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que “una decisión tan trascendental para el país, no se debe adoptar, sin justificación plena y planeación rigurosa”.
Por lo que compartió cuatro aspectos que “pueden desaconsejar la medida”.
El primera “inconveniente” abunda sobre el costo y los tiempos para llevar a cabo el proceso. En este sentido, recuerda el cambio de sede del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tras el terremoto de 1985, y que tuvo un costo de 2 mil millones de pesos, de entonces, y tomó cuatro años en concretarse.
Dijo que por la experiencia previa, parecía poco probable que en el próximo período sexenal se logren mudar las 31 secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa.
Además, la Coparmex señaló que la medida contrastaría con las medidas de austeridad republicana que ha postulado López Obrador, pues el traslado de la dependencias costaría 125 mil millones de pesos, más 2 mil millones de pesos en estudios preliminares y otros gastos.
Otro aspecto a considerar, apuntó De Hoyos, es la selección de los inmuebles que albergarán a las dependencias reubicadas, y la responsabilidad financiera y transparencia, así cómo la manera en la que se llevará a cabo su adquisición o arrendamiento.
Tras señalar que, según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran desocupados, estos no cuentan con las características necesarias para albergar una dependencia federal.
El tercer punto es el capital humano, ya que la reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles, también implica el desplazamiento de miles de funcionarios, que tienen su vida hecha en la Ciudad de México.
Por tanto, apunta Coparmex, si la medida se toma, se requiere de una planeación estratégica e inversión en infraestructura de las ciudades receptoras, con el fin de garantizar a los servidores públicos reubicados y sus familias, condiciones adecuadas de vivienda, transporte, educación y salud.
El último aspecto a considerar es el efecto marginal de la medida, ya que se provocaría una multipolaridad de los nodos de decisorios del Gobierno federal.
Tras dar a conocer las complicaciones de la medida, la Coparmex compartió algunas medidas que podría solucionar “al centralismo que asfixia al país”; éstas son: eliminación y simplificación de trámites, el traslado de facultades a las unidades regionales de las dependencias federales, la implementación de la positiva ficta en la celebración de convenios de servicios con gobiernos estatales y municipales, e inversión en tecnología.