Venezuela expulsa a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, anunció la suspensión de las operaciones de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, asignando un plazo de 72 horas para la salida del personal vinculado. 

Esta decisión se acompaña de una revisión exhaustiva, a realizarse en los próximos 30 días, sobre los términos de cooperación técnica establecidos en el acuerdo con la entidad.

Gil criticó el desempeño de la oficina, acusándola de actuar más como un portavoz para sectores radicales de la oposición venezolana que como un organismo imparcial.

El Gobierno venezolano, a través de un comunicado, calificó la actitud de la oficina del Alto Comisionado como colonialista y abusiva, contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Este comunicado se emitió en respuesta a declaraciones del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, quien, tras una visita al país, señaló el alto índice de pobreza y las prácticas de clientelismo político vinculadas a los programas de alimentación gubernamentales.

La medida ha suscitado preocupación entre diversos actores, incluido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que destacó el papel crucial de la misión de la ONU en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en la supervisión de la situación en el país.

Esta acción del gobierno de Nicolás Maduro se produce en un contexto de críticas internacionales hacia su manejo de la crisis alimentaria y económica, exacerbada por sanciones internacionales y políticas gubernamentales que, según expertos de la ONU, no abordan las causas raíces de la pobreza y la desnutrición en Venezuela.

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