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Un Juez Supremo peruano argumentó que existe "peligro de fuga y obstaculización" por parte del ex Presidente Pedro Castillo y por ello se le ratificó la prisión preventiva

Juan Carlos Checkley, Juez Supremo peruano confirmó la vigencia de la prisión preventiva por 36 meses dictada contra el expresidente Pedro Castillo de Perú por un caso de corrupción por el que es investigado.

Con esta acción, se rechazó la petición del exmandatario para revisar de oficio esta medida, según una resolución publicada este viernes.

El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria señaló que la investigación contra Castillo por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, a raíz de los presuntos actos de corrupción en Petroperú, Provías y el Ministerio de Vivienda, es compleja.

Argumentando además que considera que existe "peligro de fuga y obstaculización" por parte de Castillo, que está recluido en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, desde el 7 de diciembre del 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado.

La prisión preventiva por este caso fue dictada por Checkley el 9 de marzo del año pasado y confirmada por la Corte Suprema el día 31 de ese mes.

Castillo es procesado como presunto autor de un delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder y del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como en calidad de cómplice del delito de colusión.

La semana pasada, el mismo juez Checkley autorizó que se levante el secreto bancario del expresidente Castillo y de sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado en esta investigación.

Castillo asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado.

Desde entonces cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, así como otros 36 meses de prisión preventiva en la investigación por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

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