Ley contra migrantes en Texas: Esto es lo que se debe saber
La Ley SB4 firmada por el Gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, endurece las medidas contra los migrantes que ingresen de manera ilegal por su estado
Este lunes el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, firmó tres leyes encaminadas a frenar la inmigración irregular, una de ellas enfocada directamente contra quienes ingresen sin permiso al territorio estatal.
El objetivo de esta legislación, señaló el gobernador texano, es "frenar la oleada de ingresos ilegales a Texas".
La ley, conocida como la SB4, entrará en vigor en marzo del próximo año.
Abbott, asegura que la SB4 ayudará a frenar “la oleada” que ha llegado a Texas.
De qué trata la ley texana contra migrantes SB4
La SB4 tipificará como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que pueden ir de 180 días de cárcel a 20 años de prisión.
Asimismo, la nueva ley otorga el derecho a cualquier policía de Texas a detener a sospechosos de haber entrado ilegalmente en el país.
Es decir, policías y jueces locales tendrán la facultad de hacer deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales.
Una vez bajo detención, podrían aceptar la orden de un juez del estado de abandonar EEUU o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal.
Los inmigrantes que no acaten la orden podrían ser detenidos de nuevo por delitos graves.
Se inyectarán además mil 500 millones de dólares a las autoridades locales para reforzar la vigilancia en la frontera.
El gobernador continuará la construcción del muro migratorio e instalará otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan.
Cabe decir que estas medidas han sido consideradas inhumanas y han provocado muertes en un año donde han repuntado los fallecimientos de inmigrantes.
Mientras que la tercera ley, que entrará en vigor el próximo mes de febrero, endurece las penas para los traficantes de personas.
Con esta ley de elevan las penas a 10 años para la trata de personas y crea una de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el Estado.
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