Layda Sansores enfrentaría la cárcel por cancelar cobro en el puente El Zacatal

Por los delitos de ataques a las vías de comunicación en las modalidades daño y perjuicio, interrupción total o parcialmente de la operación de los servicios de peaje, Layda Elena Sansores San Román, gobernadora del Estado de Campeche enfrentaría cargos de prisión de tres meses a siete años por cancelar el cobro en el puente El Zacatal.

Por la presunta violación al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, Caminos y Puentes Federales (Capufe) demandó a la morenista tras la toma de la caseta de cobro no. 164 del Puente “El Zacatal”, al pasado 15 de octubre de 2022 para el tránsito libre de vehículos con placas de la Entidad, que han generado un daño patrimonial por más de 12 millones de pesos por el paso de más de 143 mil automotores.

De acuerdo con Capufe en respuesta al oficio UT-0294/2023 enviada a la Unidad de Transparencia de esta dependencia a la solicitud de acceso a la información con el número 330003323000065, que realizó una ciudadana el 01 de febrero del 2023, admitida un día después y que fue respondida el 02 de marzo del presente; en la que pide detalles de las pérdidas que ha generado para esta el paso libre de vehículos con placas de Campeche y de sí se abrió algún proceso legal en contra de quien encabezó la toma de la caseta de cobro, y en qué delitos incurrió.

Cabe recordar que el pasado 15 de octubre del 2022, como gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, “clausuró” las cajas de cobro de la caseta del puente Ciudad del Carmen-Zacatal y canceló el pago de peaje para los carmelitas y campechanos.

Además, rompió la ayudada por ciudadanos a la valla de contención para permitir el libre tránsito de vehículos con placas del Estado, al que calificó como un “movimiento de resistencia civil pacífica” y un acto de justicia para los habitantes del municipio del Carmen.

Sin embargo, por dicho acto, de acuerdo al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, señala que: “a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

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GC