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La rectora de la Unacar afirmó que situación de la universidad es muy grave y lo mejor sería declararla en crisis para ser aptos de un rescate

La única opción que tiene la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), para subsanar las finanzas del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, que le permitan pagar los sueldos a los extrabajadores sindicalizados y de confianza es cumplir con los requisitos que la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), solicita que es un análisis de la situación administrativa y financiera a fondo, que una vez entregados tendrá ocho semanas para sus análisis para que la declare o no como una Universidad en crisis; de lo contrario, las opción son pocas, así lo señaló Sandra Martha Laffón Leal, rectora de la Unacar.

Desglose

En este mismo espacio se dio a conocer que la Unacar tiene una déficit superior a los tres mil millones de pesos, más de dos mil 700 millones de pesos por créditos fiscales y 335 millones que se le tienen que pagar al Instituto de Educación de Aguascalientes; además, 100 millones en laudos pendientes cuyos requerimientos son impostergables, y 120 millones de una auditoría por el ejercicio fiscal 2022; también, en breve iniciarán las auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASECAM) y de la Federación (ASF).

“La situación financiera que enfrenta la Unacar es tan grave que está a punto de ser declarada en crisis; esto es malo por la situación que tenemos, pero sería una vía de rescate que se nos declare en crisis, para que pudiéramos ser susceptibles de un rescate”, enfatizó Sandra Martha Laffón.

Para subsanar de una u otra forma las finanzas de la Máxima Casa de Estudios de Carmen, la opción es que la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), dirección que depende de la Subsecretaría de Educación Superior la declare en crisis, “para el cual hay que hacer un trabajo de análisis sobre las cuestiones de recursos humanos, académicas, profesores, administración, finanzas; identificación de los problemas y análisis de la situación en general”.

Agregó Laffón Leal que va a servir para que la DGESU revise y haga un análisis de la situación y dé su observación sobre la situación que enfrenta la Unacar y defina puede o no ayudar para este rescate.

Dijo que en las últimas semanas se ha estado trabajando en el documento y se enviará a la DGESU; ellos tienen ocho semanas para dar sus observaciones; “esperamos en este punto gestionar de alguna manera la ayuda; algún recurso para el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones”.

Fundamento de la petición

Para cumplir con los requisitos que solicita la DGESU, Laffón explicó se estará realizando una auditoria forense de los dos periodos de José Antonio Ruz Hernández, pues es una indicación de la DGESU pedir a la ASF los apoye y ellos definirán en qué periodo o año la van a hacer, pues los recursos faltantes son federales y estatales.

Al preguntársele a cuánto ascendería el apoyo que recibiría la Unacar para fortalecer el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, dijo desconocer el monto, pero que se necesita un trabajo arduo para conciliar con la base sindical los activos que no son sindicalizados y la administración y ver cuáles serán los ajustes o reformas estructurales; “con base en estos compromisos la DGESU dirá cómo y con cuánto apoyarán el fideicomiso ya que en años anteriores se habían recibido alrededor de siete millones de pesos, aunque la verdad esperamos que sea más”.

En este sentido, al mes la Unacar requiere poco más de seis millones de pesos mensuales para pagarles a los extrabajadores universitarios: jubilados y pensionados, de los cuales, tres millones se invierten en el pago de nómina de sindicalizados y el resto para el personal de confianza retirado.

Sin embargo, la institución, con la quiebra que enfrenta, se ha visto en la necesidad de diferir pagos o extenderlos por falta de recursos.

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LV